Wilman Muñoz Prieto, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría General de la Nación.

El funcionario es acusado por el Ministerio Público del manejo irregular de recursos por más de $11.380 millones de pesos.

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Se trata de un fallo en primera instancia que establece que Muñoz Prieto utilizó recursos destinados al funcionamiento del Instituto en beneficio personal y de terceros, durante su permanencia en el cargo entre 2015 y enero de 2019.

Según la Procuraduría, “entre otras irregularidades presentadas, el investigado adquirió vehículos para su uso personal avaluados en más de $200 millones, así como también realizó pagos por servicios de televisión por cable, hospedajes en hoteles, cuentas de restaurantes, almacenes de ropa y desplazamientos a ciudades que no estaban relacionados con su función”.

Igualmente, Muñoz adquirió un vehículo de alta gama y equipos electrónicos que fueron destinados para el beneficio de una empresa particular.

Para la Procuraduría el investigado le dio un uso irregular a los recursos del Instituto de forma voluntaria, conducta que realizó durante más de cinco años continuos.

Por esos hechos, el Ministerio Público lo encontró responsable disciplinariamente de tres cargos calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

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En el mismo fallo se compulsó copias para que se investigue disciplinariamente la conducta de Borys Rafael Bustamante Bohórquez, quién fue rector encargado de la Universidad entre octubre y noviembre de 2012.

También contra Inocencio Bahamón Calderón, exrector de la institución; Luz Marina Garzón Lozano, jefe de la Oficina de Control Interno; Eusebio Antonio Rangel Roa, jefe de la División de Recursos Financieros, y Patricia Gamboa Martínez, auxiliar administrativa y extesorera del Idexu.

En la investigación se descubrió giros a cuentas de Wilman Muñoz en Colombia procedentes de bancos de Quito y Londres, por más de 400.000 dólares, dinero que habría sido girado desde una cuenta a nombre de José Gabriel Guayazán Carrillo, quién aparece en los registros de la Rama Judicial condenado a seis años por el delito de concierto para delinquir. Ese hallazgo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones de rigor.

El primero de octubre este funcionario se apartó del cargo para que los entes de control verificaran las denuncias por corrupción. A raíz del escándalo los estudiantes han protagonizados manifestaciones en las últimas semanas.

Con información de Kienyke

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