En el año 2012, el senador Iván Cepeda llevó a cabo un debate en el Congreso de la República sobre los vínculos de muchos dirigentes políticos, incluso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares; había hecho, desde unos años antes, una minuciosa investigación al respecto, que incluyó ir a varias cárceles del país y de los Estados Unidos en donde recogió testimonios en ese sentido.
Ante los hechos, el entonces senador Uribe se dirigió a la Corte Suprema de Justicia e instauró, ante la Sala Penal del máximo organismo de Justicia del país una denuncia en contra de Cepeda, porque consideraba que el senador había manipulado y sobornado testigos en las cárceles para que declararan en su contra.
En la investigación, la Corte no solo exoneró a Cepeda de cualquier responsabilidad en delito alguno, sino que estableció que quien habría manipulado y sobornado testigos en contra del senador Cepeda, a través del abogado Diego Cadena, era Álvaro Uribe Vélez.
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La Corte Suprema, en 2018 abrió investigación en contra de Uribe Vélez como presunto responsable de los delitos de compra de testigos y fraude procesal. Uribe buscaba, de acuerdo con la Corte, que testimonios en las cárceles incriminaran al senador Cepeda y lo exoneraran a él. Todo ello, presuntamente a cambio de sobornos y demás beneficios.
En el segundo semestre del 2020, agosto de ese año, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del ex presidente y éste renunció a su cargo de Congresista para que su proceso pasara a la justicia ordinaria, es decir a la fiscalía General de la Nación donde estaba en su cabeza Francisco Barboza, ex compañero de Universidad del entonces presidente Iván Duque Márquez, considerado "ficha" del ex presidente en el primer cargo del país.
Desde ese momento, la Fiscalía se ha dedicado, de acuerdo con los abogados del senador Cepeda, a "oficiar" de abogado defensor del ex jefe de Estado. Sin embargo, en dos ocasiones, la más reciente este martes 23 de mayo, dos juezas han negado la preclusión del proceso que piden los defensores de Uribe Vélez.
Ante esta decisión, la Fiscalía General, de nuevo, en favor del ex presidente, ha interpuesto un recurso de apelación, el más reciente, para pedir que la decisión de esta juez, la 41 de Conocimiento de Bogotá de no aceptar la preclusión del proceso sea resuelta, en apelación, por el Tribunal Superior de Bogotá.
Por: Mauricio Pichot
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