Las amenazas habían sido reveladas por el supuesto grupo paramilitar, que declaró como objetivos militares a los cinco magistrados que tomaron la decisión de autorizar la interrupción voluntaria del embarazo y fue enviada en un documento directamente a la Secretaría General de la Corte Constitucional.
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"La historia del país nos muestra que las amenazas en Colombia nunca se quedan en el aire, casi siempre tienen un trasfondo y desafortunadamente, en muchas ocasiones son letales", dijo el exmagistrado de la Corte, Humberto Sierra Porto.
En el documento advierten sobre datos de la ubicación de los magistrados, sus horarios y los vehículos oficiales en los que se movilizan y señalaron que no son amenazas ni bromas y plantean como única opción revocar el fallo.
"El Gobierno, particularmente la Fuerza Pública deben darle toda la importancia a estas situaciones, a estas denuncias y no deben de parcharlas, de conocerlas, basados en el hecho que estamos en un contexto electoral", señaló el exmagistrado de la Corte, Humberto Sierra Porto.
Hasta el momento y después de varios años de proferir amenazas contra distintos actores de la realidad nacional, ninguna autoridad ha reportado alguna estructura de mando, ubicación y/o información verificable sobre las autodenominadas Águilas Negras. La Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de reforzar las medidas de seguridad de los magistrados, en especial, la de los destinatarios que presentan amenazas en su contra.
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