Fotos: Kienyke

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia puso como límite 30 días hábiles para que la Fiscalía General de la Nación, junto con otras entidades de su país, y los excomandantes guerrilleros Rodrigo Londoño y Pastor Alape entreguen información sobre los bienes de la guerrilla desmovilizada de las Farc.

La Jurisdicción tomó la decisión en respuesta a una petición para que adopte medidas cautelares frente a los bienes y activos entregados por las antiguas Farc.

“Antes de adoptar una decisión sobre las medidas cautelares, se busca hacer plena claridad sobre la cantidad de bienes y activos entregados por las Farc para la reparación de sus víctimas”, mencionó el tribunal en un comunicado de prensa.

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El tribunal, que investiga los delitos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia, indicó que la información le permitirá conocer “los bienes que están en proceso de extinción de dominio, sobre sus actuales administradores y sobre los rendimientos que hayan generado”.

La JEP le exigió a Rodrigo Londoño que identifique e individualice todos los bienes y activos, que informe sobre sus matrículas inmobiliarias, que indique su ubicación exacta y que describa sus linderos.

La Jurisdicción detalló que su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad decidió también vincular al proceso a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al director ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República.

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