La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales del Ejército y a un tercero civil por falsos positivos en el Catatumbo.
La JEP determinó que hubo una política institucional para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar. Los 11 imputados fueron llamados a reconocer su responsabilidad en el crimen de guerra de homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada dentro del subcaso Norte de Santander.
“Las primeras víctimas en el año del 2007 eran campesinos del Catatumbo; hombres y jóvenes que tenían sus parcelas, sus cultivos; transportadores informales, comerciantes informales; algunos cultivadores de hoja de coca, economía que se ha instalado en la región, y esos campesinos fueron sacados de sus viviendas asesinados”, sostuvo Catalina Díaz, magistrada de la JEP.
La sala de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que 120 personas en estado de completa indefensión en el Catatumbo-Norte de Santander, fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
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“No se trató en el caso de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas de una situación aislada, de una simple eventualidad, de manzanas podridas, sino por el contrario de una acción organizada, planificada, ejecutada minuciosamente que entraña redes criminales e inclusive el enquistamiento dentro de la fuerza pública”, manifestó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que se institucionalizó una política de conteo de muertos, una doctrina de perfilamiento previo a los asesinatos, tergiversación de actas de cadáveres; en donde los recursos públicos fueron utilizados para encubrir las ejecuciones extrajudiciales.
“Advertí que recursos públicos, que el presupuesto nacional, que gastos reservados fueron utilizados. Los propios elementos militares que sirven para camuflar las víctimas, las propias armas que se implantan en los propios cadáveres, y luego todas las tareas en servicio del encubrimiento de estas graves actividades ilícitas”, concluyó Cifuentes.
La JEP pudo determinar el patrón macrocriminal: la primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes entre 25 y 35 años de edad, habitantes del área rural del Catatumbo; la segunda modalidad consistió en el asesinato de jóvenes provenientes de otras regiones engañados para ser trasladados al Catatumbo.
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