Actualmente se adelantan procesos de revocatorias contra 84 alcaldes en 22 departamentos del país. Solo el proceso en Bogotá costaría 42.600 millones de pesos y si se le suman las 83 revocatorias restantes, el monto es mucho más alto.
Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional del Estado Civil, asegura que “organizar todos estos procesos le costarían 98,500 millones de pesos y de darse los otros procesos de elección de nuevos mandatarios costaría 100 mil millones de pesos”.
Construir un colegio público de 24 aulas cuesta en promedio 14 mil millones de pesos, eso quiere decir que con el valor de estos procesos de revocatoria, más el costo de las elecciones atípicas, se podrían construir 14 nuevas instituciones educativas con 336 salones de clase, así como dos nuevos hospitales públicos, totalmente equipados, cada uno de ellos con 100 camas.
El Consejo Nacional Electoral decidió estudiar cada uno de los 84 casos. Los procesos que tengan irregularidades, serán cancelados.
Alexander Vega, presidente de esta institución, explica que “si hubo dinero para el plebiscito, debe haber para cualquier mecanismo de participación, pero dentro del marco de la legalidad. Si los requisitos se cumplen, los costos no pueden ser excusa para no convocar los mecanismos de participación”.
Más allá de la duda sobre si hay recursos o no para tantas revocatorias, la Registraduría asegura estar preparada.
“La Registraduría es un organismo técnico que está disponible para organizar los procesos electorales y mecanismo de participación ciudadana”, señaló Galindo, cabeza de esa institución.
Sin embargo, a las autoridades electorales les preocupa que se pueda estar abusando del mecanismo de revocatoria, Vega explica que el espíritu de la norma, que entro en 2015, puede estar desnaturalizándose.
“Hay que proteger el mecanismo y creo que debe mantenerse, pero puede terminar en dos circunstancias: o se modifica -porque vemos que hay vacíos frente al debido proceso que posiblemente no fueron garantizados - o si no se corrige esto puede terminar eliminándose y tememos por eso porque todo abuso de la ley puede terminar en que pueda ser eliminado”.
El silencio del Gobierno aumenta la incertidumbre en las administraciones locales, pues aún no se sabe si hay o no dinero para asumir este millonario gasto. Por su parte, de forma extraoficial, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que no hay recursos para tantas revocatorias.
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