A partir de ahora, aumentará la pena de prisión máxima a 60 años para los reincidentes de delitos. Se endurecerán las condenas y los uniformados deberán permitir que se graben los procedimientos sin abusos policiales, lo establece la nueva ley de Seguridad Ciudadana.
Pero también, los derechos humanos deberán priorizarse en las protestas sociales. Para los uniformados habrá beneficios por el buen comportamiento en la calles, así quedó consignado en la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana.
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Establecer como tipo penal, la amenaza con armas letales a otras personas, porte de armas blancas en el transporte público o eventos masivos y afectación a la infraestructura de la ciudad e instalaciones Militares de Policía podrán tener castigo carcelario.
También, se aumenta la pena para quienes asesinen a integrantes de la Fuerza Pública. Por su parte, reformas y cambios para la Policía son otros elementos clave de esta Ley, porque busca que los uniformados tengan un buen comportamiento con la ciudadanía y logren beneficios en la Institución.
"Que tengan mejor salario, que tengan mejores condiciones de vida", dijo el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional.
La ley 2179 del estatuto de carrera y profesionalización y la ley 2196 del estatuto disciplinario, contempla que los patrulleros cada cinco años podrán ascender en la Institución, además tendrán un incentivo por prestar el servicio en las calles.
"Establece la bonificación familiar", dijo Iván Duque, presidente de Colombia.
También, se creó la nueva categoría “Patrullero de Policía”.
"La formación con matrícula 0 y para todos aquellos que se vinculen, esta carrera de patrulleros", dijo Diego Molano, ministro de Defensa.
En las leyes está la figura del inspector delegado para la manifestación pública y pacífica que tiene como objetivo investigar conductas indebidas de uniformados en protestas sociales.
"Para que con los cooperantes internacionales, estas pautas sean abrazadas en cada procedimiento policial", dijo Iván Duque.
Los uniformados del ESMAD deberán ser certificados anualmente por un centro de estándares para validar sus competencias; y las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos serán competencia exclusiva de la Procuraduría General de la Nación y se incorporan otras faltas disciplinarias como ocultamiento de identificación, discriminación contra poblaciones vulnerables e impedir grabación de procedimientos, entre otras.
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