Según Fedelonjas, la actividad de arrendamiento en el país ha tenido un crecimiento del 3,8 % en el último año. Para mantener y mejorar esos indicadores, en el Congreso de la República se radicó un proyecto que busca defender los derechos de quienes tienen sus apartamentos en alquiler.

En Bogotá se estima que hay 1.2 millones de personas que viven en arriendo y que siete de cada diez viviendas arrendadas están en estratos dos y tres. Para evitar que inmobiliarias hagan mal uso de estos inmuebles se adelanta una iniciativa para controlar este mercado.

José Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá, afirmó que "se trata de un proyecto de ley que va poner en cintura a las inmobiliarias piratas y vamos a multiplicar el valor de las multas para aquellas empresas que abusen de la buena fe".

Dentro de la relación propietario e inmobiliaria, se busca eliminar el cobro de la cuota de depósito y la póliza de financiamiento.

"Vamos a duplicar el valor de las multas por sanciones, por ejemplo, en mala utilización de las cuotas de administración, en cobro abusivo o aumento abusivo de los cánones de arriendo", aseguró López.

Ante esta propuesta, Fedelonjas dice estar de acuerdo con la protección de los propietarios de viviendas, pero no comparte la eliminación de las pólizas de financiación, ya que estas sirven de garantía ante algún incumplimento.

María Clara Luque, presidente de Fedelonjas, sostuvo que "es la protección del inmueble y el propietario en caso de requerir una desocupación o un atraso en el canon de arrendamiento".

Con esta iniciativa se busca que las viviendas en arriendo sean utilizadas para vivir y no para otro tipo de actividad comercial.

Por: Fredy Carrera