Santiago Rivas puso sobre la mesa el tema de los niños y niñas en la guerra, los que son reclutados, a quienes les vulneran los derechos y quienes subestiman las cifras de aquellos que no les quedó otra alternativa más que unirse a los grupos al margen de la ley.

Por esto, invitó a Sara Márquez, psicóloga con maestría en paz y resolución de conflictos y a Gerardo Jumí Tapias, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, quienes hicieron su lectura de un país que no ha podido sacar a los niños de la guerra.

Según la ONU, unos 600 niños fueron reclutados por bandas armadas, en los tres años posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Para dimensionar el problema, en Colombia la población en condición de pobreza, que vive en áreas rurales donde alguna vez operó las FARC, sería la más propensa a ser atacada.

De acuerdo con la ONIC, los niños más vulnerables son los indígenas.

“Los reclutamientos están sucediendo en zonas marginales, en zonas de pobreza, pero esta sociedad ha vivido en guerras desde que llegaron los españoles y de ahí para acá hemos tenido muchas guerras civiles por la pobreza, por zonas marginales y porque no hay oportunidad para los niños”, sostuvo Gerardo Jumí Tapias, consejero general de la ONIC.

La visión de Sara Márquez, como psicóloga, va más allá del conflicto, radica en la forma en cómo los adultos se relacionan con los niños y en no reconocer los derechos de ellos.

“Es muy común escuchar cosas como “ay tan bobo, parece un niño” o una cantidad de frases alusivas que hacen es discriminarlos o dejarlos al lado y no entendemos ni su agencia ni quienes son ellas y ellos”, dijo Sara Márquez, psicóloga.

Sin embargo, los derechos infantiles no se vulneran solamente en las guerras, hay quienes piensan que son utilizados como objetos, ante esto, el consejero general de la ONIC mencionó que los niños y niñas han estado a merced de los grupos armados, pero han sido libres de asistir a las calles para manifestarse en compañía de un adulto responsable.

“Las mingas indígenas son en uso del derecho constitucional a la protesta social, está protegido por la ley y la Constitución, donde van niños y jóvenes. Distinto es cuando resultan grupos de encapuchados a dispersar la manifestación, ahí es donde los civiles, manifestantes y niños resultan siendo víctimas”, contó Gerardo Jumí Tapias, consejero general de la ONIC.

El problema estructural del conflicto armado ha permeado a la sociedad y los más afectados son los campesinos, los afros e indígenas y por consiguiente los niños, que heredan las luchas de sus antepasados.

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