En el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre las Farc y el Gobierno quedó consignada una instancia clave: la participación política.
La condición fundamental para transformarse de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, requería principalmente la dejación de armas.
Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, opina que lo clave ahí era haber dejado las armas, porque el punto de partida de las negociaciones con ellos fue ese aspecto.
Por su parte, Roy barreras, senador del Partido de la U, asegura que está definido desde hace más de un año en el acuerdo de la Habana que las Farc deben ir a las urnas y que elegirán el número de curules que los colombianos les otorgue con un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara.
Sin embargo, aunque está definida su participación en política, como colectividad deben ir a las urnas en 2018 y 2022.
Henry Rafael, presidente de la Cumbre Latinoamericana de Comunicación y Gobierno señala que la incursión de las Farc en el sistema político es una oportunidad para ver si son capaces de lograr votos y respaldo ciudadano en elecciones democráticas, algo a lo que no estaban acostumbrados.
Por otro lado, explica que si la ciudadanía les da la espalda y no les brinda el respaldo necesario para poder subsistir en el sistema democrático, será un gran reto para las Farc en la politica en las elecciones que se avecinan.
En lo acordado, el Estado se compromete a entregarles recursos que por ley le corresponde a todo partido, además de salvaguardar la integridad física y social de los miembros del desmovilizado grupo guerrillero.
“Tienen que tener garantías para hacer participación política, acceso a los medios de comunicación igual que cualquier otro partido, financiación igual que cualquier otro partido. No es cierto que sea una financiación superior. Los derechos que tiene cualquier organización política pacífica, esos son los derechos que hoy tienen las Farc”, explica el senador Barreras.
Tanto el Gobierno, como las Farc, solicitaron a Naciones Unidas una segunda misión de verificación para dejar en firme el proceso de participación en política y reinserción social.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, que juzgará a los actores del conflicto según lo acordado en La Habana, Henao explica que todo guerrillero que no sea amnistiado, van a tener que ir ante el tribunal, que los juzgará y les colocará unas sanciones dependiendo de si dicen o no la verdad.
Estos guerrilleros pueden irse a la cárcel hasta por 20 años o tener una restricción efectiva de la libertad entre cinco y ocho años. En cualquier caso tienen que reparar a las víctimas.
Sin embargo, la última palabra para avalar la participación en política de las Farc, está en manos de la Corte Constitucional, quien definirá la forma en que se haga este proceso.
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