En esta ocasión se abordó un tema desgarrador, pero necesario, para ponerle fin a un capítulo armado de Colombia, ‘las ejecuciones extrajudiciales’, mal llamados falsos positivos, una práctica que se enquistó en los cuarteles del Ejército Nacional y que llevó a que 6.402 civiles inocentes fueran asesinados a sangre fría por uniformados.

El único objetivo de estos hechos era hacerlos pasar como guerrilleros para así cobrar beneficios y recompensas que eran entregados como la presentación de positivos.

La Jurisdicción Especial Para la Paz, se ha dado a la tarea de reconstruir. Es así como 11 soldados y oficiales, incluyendo un general de la República, reconocieran responsabilidades y aportaran verdad a las familias que por años han esperado este momento.

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Fue el martes 26 de abril en Ocaña, donde de manera pública en audiencia de reconocimiento escucharon las declaraciones de lo qué pasó con sus familiares.

Para entender la importancia de este momento y lo que hay detrás de él, Alfredo Molano conversó con la magistrada de la JEP, Catalina Díaz Gómez y con Jaqueline Castillo Peña, representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Colombia, Mafapo, hermana de Jaime Castillo Peña, quien desapareció el 10 de agosto del 2008 en Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año en Ocaña, Norte de Santander. A 600 kilómetros del lugar de donde desapareció.

“Llevamos 14 años de lucha buscando justicia, buscando verdad y poder demostrar que ellos no eran guerrilleros. Reconocer hoy, 14 años después con este acto de reconocimiento en Ocaña, Norte de Santander donde ellos aceptan los cargos que les imputa la JEP, que sí fue una práctica sistemática y que fueron hechos reales”, expresó Jaqueline Castillo Peña.

En este camino de buque da de la verdad, las madres no solo luchan por sus familiares, también por labor y respeto.

“Ha sido una lucha dura donde hemos sido revictimizadas en varios espacios por la justicia ordinaria, donde habían espacios en los que los mismos militares se burlaban de nosotros y no teníamos derecho a preguntar nada en las audiencias. En la JEP pudimos ser escuchadas y preguntar”, aseguró Jaqueline Castillo Peña.

De otro lado, la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, contó como fue el proceso de reconstrucción del caso y la recolección de testimonios, tanto de militares como de civiles, asegurando que durante la investigación se escucharon en declaración a más 500 miembros de la fuerza pública, algunos de ellos aún activos, también a civiles reclutadores.

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La magistrada aseguró que esta fue una "práctica en todo el país", donde incluso desaparecieron niños y niñas para ser presentados como bajas en combate.

“Con unas regularidades que lo hacen ser un patrón de macrocimilnalidad, es decir por autores que vienen de las distintas unidades militares en los distintos lugares del país con víctimas de un perfil muy similar. El modus operandi es muy similar, y sobre todo logramos establecer cuál era el fin, e propósito de estos crímenes”, afirmó la magistrada de la JEP.

Mucha de esta información que se recolectó y estableció como verdadera, fue a partir de los testimonios, especial mente de del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, quien es conocido como uno de los máximos responsables y que ha sido imputado como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, afirmó la magistrada de la JEP.

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El Cabo Gutiérrez, según los testimonios, hizo parte de muchos de estos casos y brindó información sobre cómo seleccionaron a las víctimas, cómo conseguían las armas en el mercado negro e incluso, como funcionaba la legalización de las operaciones. Conoce más de estas declaraciones acá.

“Armaron luego lo que se llamó una ‘Lista Negra’ y era quiénes podían ser buenos candidatos de falsos positivos, esto lo contamos con detalles en el auto. Había algunas personas de las que había información porque lo decían los comerciantes de la región, porque tenían supuestamente antecedentes judiciales”, contó la magistrada de la JEP.

Así era como seleccionaban a las personas para hacerlos posteriormente hacerlos parecer dados de baja en combate.

“Lo que pudimos establecer oficialmente es que contra estas personas no existían órdenes judiciales, ni ordenes de captura, ni siquiera un proceso de inteligencia como lo reglan los manuales militares”, comentó la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez.

Las personas que aparecían en esa lista eran personas que podían ser candidatos porque eran personas que sus familias no las iban a buscar, que andaban en ‘negocios raros’, información que finalmente era falsa.

Te invitamos a ver este capítulo completo de La Libreta para que conozcas cómo finaliza parte de este largo proceso en búsqueda de la verdad en torno al caso de los falsos positivos y la lucha de la madres de Soacha.

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