El organismo también llamó a que en Venezuela se realicen “nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo”. Esas elecciones, exigió, deben tener lugar “en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales”.
Por mayoría de 19 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, los representantes de los países que integran la OEA invitaron a “implementar medidas para atender la crisis humanitaria” en Venezuela, así como en los países de la región afectados por ese dramático flujo de venezolanos, y urgió al régimen a que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para ayudar a paliar la crisis.
Esta ayuda incluye “vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición de enfermedades tales como sarampión, malaria y difteria”, de acuerdo con la resolución propuesta a votación.
En el plano político de la crisis venezolana, la OEA votó también por el reclamo de la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos del régimen de Maduro, un pedido que la organización ha hecho ya en anteriores oportunidades.
Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la OEA, expresó su condena y rechazo a lo resuelto por la asamblea extraordinaria, y declaró hostil e inamistosa su realización. Por eso, señaló: "el gobierno de Caracas optó por no reconocer la votación".
Esta posición fue acompañada por la representación de Nicaragua, que expresó su rechazo al texto de la resolución y denunció un intento de golpe contra el gobierno de Maduro.
La reunión extraordinaria de este jueves había sido pedida por el secretario general del organismo, Luis Almagro, junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Carlos Calles Castillo, representante de El Salvador, hizo la convocatoria en su carácter de presidente del Consejo Permanente, un cargo rotativo que asumió este mes. Fue también el encargado de declarar abierta la sesión.
Varios gobiernos de la región que integran el Grupo de Lima habían anticipado ya en una declaración que no reconocerían la legitimidad del nuevo mandato de Maduro, porque a su entender las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado en Venezuela no tuvieron legalidad. Además instaron al líder chavista a no asumir este segundo mandato y transferir el poder de manera provisoria a la Asamblea Nacional, presidida por el dirigente opositor Juan Guaidó.
Almagro expresó su apoyo a la iniciativa regional y calificó de ilegítimo el mandato que inicia Maduro este 10 de enero. También urgió a la comunidad internacional a desconocer a su gobierno y que se abstenga de proveer ayuda financiera y militar.
Pero esta posición, aunque mayoritaria en la región, no es compartida por todos los gobiernos. Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, por ejemplo, se abstuvo de acompañar la declaración.
Venezuela todavía integra la OEA, pese a las reiteradas amenazas de expulsión. Para ello, sin embargo, es necesaria una mayoría de dos tercios de los países, un número que hasta ahora no se consiguió. Igualmente, el gobierno de Caracas inició en abril de 2017 el procedimiento para retirarse del organismo regional y ese trámite debería concluir en abril próximo.
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