En el marco del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, también ha sido clave la participación de las víctimas del conflicto armado. Clara Rojas, quien fue secuestrada por las Farc en el año 2002 y liberada en el 2008, asegura que se trata de un proyecto fundamental.
“Hemos trabajado en el tema de lograr la participación activa de las víctimas del conflicto, hemos propuesto, y fue avalada, la intervención de las víctimas como intervinientes especiales en los términos que prevé la Corte Constitucional”, indica Rojas.
Para Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, diputado del valle, quien fue secuestrado y luego asesinado por las Farc, la JEP debe ser el primer paso y no la participación en política.
“El primer deber de las Farc es con las víctimas. El 3 de diciembre de 2016 las Farc se comprometieron con nosotros a esclarecer la verdad y a acatar la justicia. Esperemos que ellos empiecen a cumplir con eso para que se ganen el derecho de participar en política”, opina Giraldo.
Por su parte, el general en retiro Luis Mendieta, quien también fue secuestrado en 1998 y rescatado por el ejército en 2010, y que hoy es candidato a la presidencia por el partido Patria Nueva, tiene una posición similar.
Para el general, es fundamental además replantear los magistrados que hacen parte de la JEP: “nuestras informaciones nos manifiestan que quedó en más de 80% de tendencia de favorabilidad a las Farc, mientras que el otro 20% de sus integrantes están en la tendencia de neutralidad o por otro lado de derecha”, indica.
Por otra parte están las víctimas de la Fuerza Pública como María Sanabria, madre de Jaime Esteven, un joven de tan solo 16 años, que con engaños fue llevado a Ocaña y luego asesinado para hacerlo pasar por guerrillero, en los llamados falsos positivos de Soacha.
“Ellos se van a acoger a la JEP para que todo quede en la impunidad, pues unos dicen que es bueno, otros dicen que no, para nosotras, las madres de Soacha, no es bueno porque eso es como borrón y cuenta nueva y esto no puede ser porque esos casos, no son casos cometidos dentro del conflicto, sino de lesa humanidad”, asevera Sanabria.
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