Los partidos de oposición convocaron a una gran marcha nacional en defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del acuerdo de paz de La Habana, al tiempo que anunciaron “todas las acciones políticas y jurídicas a su alcance para evitar que las objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP "tengan éxito".

“Hacemos un llamado sentido por la unidad, la paz y la reconciliación y los convocamos el próximo 18 de marzo a una gran movilización nacional. Salgamos juntos, sin importar ideologías, no solo exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz”, dijo la representante a la Cámara Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, en un pronunciamiento televisivo en la noche de este martes.

El anuncio se da luego de que este lunes Iván Duque notificara objeciones a 6 de los 159 artículos de dicha Ley.

Los partidos Polo Democrático, Alianza Verde, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Unión Patriótica (UP), Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Colombia Humana ejercieron por primera vez el derecho a réplica, consagrado en el recién aprobado Estatuto de la Oposición, y lo hicieron a través de una alocución televisiva, un hecho sin precedentes en Colombia.

De acuerdo con Goebertus, vocera de los opositores, las objeciones de Duque Márquez “implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional”. Y, además de refutar punto por punto lo dicho por Iván Duque, la representante de los verdes aclaró que la oposición sí considera que la decisión genera un choque de trenes, contrario a lo que aseguró el mandatario. “Por supuesto que hay un choque de trenes”, recalcó.

“El Gobierno dice que uno de sus pilares esenciales es la defensa de la legalidad y, sin embargo, pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley que ya fue objeto de 4 debates por parte del Congreso de la República, que fue aprobada con mayoría absoluta y que fue estudiada durante un año por la Corte Constitucional. ¿Qué puede ser más contrario a la separación de poderes?”, advirtió con firmeza la congresista.

La vocera advirtió que como líderes políticos les corresponde mandar un mensaje de tranquilidad y señaló que la JEP “tiene un andamiaje constitucional muy fuerte que le permitirá seguir funcionando, aún sin la ley estatutaria”.

“A las víctimas y a los excombatientes y militares que están rindiendo cuentas ante la JEP les enviamos un mensaje: crean en el proceso, no se rindan. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que estas objeciones y reformas no prosperen… Desde el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional tomaremos todas las medidas necesarias para evitar este cambio en las reglas del juego”, aseveró.

Goebertus afirmó que aunque Duque “disfraza como objeciones de inconveniencia” los temas planteados, no presenta ninguna razón para justificar los “supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación”.

“Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc no genera ningún efecto en la realidad. La decisión del presidente genera gran incertidumbre jurídica entre los excombatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil”, detalló Goebertus, quien estuvo acompañada de varios de los líderes de los movimientos mencionados.

La declaración de los opositores también indicó que “después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser visto como un país que retrocede”. Incluso, advirtieron que las demoras en procesos de investigación, juzgamiento y sanción “podrían activar la competencia de la Corte Penal Internacional”.

 

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