El parlamento venezolano se declaró el jueves en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del máximo tribunal del país, que se adjudicó competencias legislativas con una sentencia, desatando denuncias de la oposición de un "golpe de Estado" y llevando a Perú a retirar su embajador en protesta.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya había anulado muchas acciones del congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente el miércoles que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia fechada el miércoles.
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ le autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el congreso.
"Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", dijo el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas. "Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
Por su parte, el líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho.
"¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?", se preguntó Capriles.
"Si hoy no hacemos nada por salvar la democracia en Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia y pasado mañana en otro país de la región y así va en cadena", agregó.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en "desacato" al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al Gobierno.
La oposición acusa a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela -con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de bienes-, pero el mandatario de 54 años sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.
"Fujimorazo"
Voluntad Popular, el partido opositor más radical, llamó a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Constitución, una táctica que ha fracasado en el pasado a pesar de congregar hasta un millón de personas en las calles del país.
Más tarde, desde los jardines de la Asamblea Nacional, Borges llamó a los venezolanos a marchar el sábado.
Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
De hecho, en la primera reacción internacional, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta.
A pesar de los reclamos, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el congreso no serían válidos.
Venezuela busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos. La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, dijeron fuentes a Reuters.
La medida de la justicia venezolana se produce en medio de una creciente ansiedad regional por la crisis en el país petrolero. Esta semana, 20 miembros de la OEA expresaron su preocupación, aunque no llegaron a respaldar la petición del jefe del organismo regional de suspender al país.
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