A pocos días de ser sancionada por el Gobierno Nacional y firmada por el presidente de la República, ya fue demandada ante la Corte Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana.
Para la oposición, la ley contempla violaciones evidentes y flagrantes contra la protesta pública, que se hace en manifestaciones y también a los derechos humanos de la ciudadanía.
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“Es una ley contraria a esas recomendaciones, que acude además a una anacrónica mentalidad de Guerra Fría, de considerar la protesta social como una expresión del enemigo interno”, sostuvo Antonio Sanguino, senador del Partido Verde.
De igual manera, consideran violatoria del orden constitucional la figura conocida como de “legítima defensa privilegiada”, que podría generar, según los demandantes, el incremento de acciones de justicia por mano propia.
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“Si en una protesta social un joven sale corriendo, ingresa a una casa o a una vivienda para protegerse del hecho de alteración del orden público que esté ocurriendo, el dueño de esa casa puede dispararle y puede matarlo sin que exista ninguna consecuencia penal”, agregó el senador Sanguino.
La ley, sancionada recientemente por el presidente Iván Duque, deberá ser sometida también al control legal por parte de la Corte Constitucional.
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