El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, suscribieron una carta conjunta en la que le piden al Gobierno Nacional dar una respuesta pronta y suficiente a las víctimas y a la Comisión de Seguimiento y Monitoreo que integran estas tres entidades, sobre las eventuales modificaciones que se vayan a hacer a la política de atención y reparación.
Consideraron además que el Gobierno debe precisar las modificaciones normativas que se deriven de las propuestas que presentaron las víctimas y sus organizaciones en el llamado Espacio Amplio Participativo que se implementó con la Creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La Procuraduría, la Contraloría, y la Defensoría del Pueblo expresaron su “preocupación por la falta de claridad acerca de cómo serán incluidas o tenidas en cuenta las propuestas de las víctimas en la reforma a la política y los ajustes normativos a los que haya lugar, y por los escasos avances en el proceso de ajustes a la política pública como lo establece el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc”.
Otra preocupación de las tres entidades y sus respectivos jefes es la referente a la financiación de la Política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre todo por los gastos que están incluidos en el marco del Acuerdo Final.
En particular, consideraron que es necesario establecer cómo se formaliza la financiación en el próximo escenario fiscal para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el nuevo horizonte de tiempo (6 años adicionales a los inicialmente contemplados).
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