La Procuraduría General de la Nación le solicitó al juez que lleva la demanda desestimar la medida cautelar que pretendía suspender el cobro de la valorización.

De acuerdo con el ente de control, una de las razones para realizar la solicitud es que no se evidenció una afectación socioeconómica lesiva del interés general.

Además, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entregó la información detallada que resolvía dudas relacionadas con el cronograma de las obras, qué predios deben pagar y las reclamaciones de algunos ciudadanos sobre el precio de la valorización.

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"Sin duda las mesas de trabajo fueron muy importantes en este proceso y pudimos demostrarle a la Procuraduría que esta valorización cumplió con todos los requisitos necesarios, que se hicieron los análisis de capacidad de pago, los cronogramas, las asignaciones equitativas y los mecanismos de seguimiento del proyecto", afirmó Yaneth Mantilla, directora del IDU.

Por: Ángel Aguilar