El martes 29 de marzo, la OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, denunció que el Ejército Nacional había asesinado a 8 civiles, incluyendo a un gobernador indigena y a un adolescente de 16 años, y los había presentado como bajas en combate. La periodista Bibiana Bello fue a Puerto Leguízamo, Putumayo, a indagar qué pasó y qué ocurrió en este caso que revuelve la memoria de uno de los pasajes más oscuros de la historia del país
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“Salimos con una misión humanitaria conformada por la sociedad civil que integra la mesa territorial de garantías en el departamento. La misión arrancó el 2 de abril en la vereda El Remanso, lugar de la masacre, ubicado a tres horas de Puerto Asís”, declaró Bibiana Bello, periodista.
La periodista además narra que la vereda El Remanso es un caserío, no un campamento guerrillero. En este lugar hay casas, una escuela y, al momento de la masacre, se encontraban en un escenario de fiesta. Los habitantes de este territorio afirman que se había organizado un bazar con el objetivo de recoger fondos en pro de los bienes de su comunidad, sin embargo, lo que menos imaginaron es que dicho evento terminaría con el asesinato de 11 personas.
“A mí me avisaron unos amigos que había un encuentro deportivo, yo me vine y el domingo a las 5 de la tarde ya estaba presente. La pasamos bueno bebiendo, jugando, apostando hasta el día lunes. Cuando escuchamos los disparos, como a las 7 de la noche, nos dimos cuenta que la cosa era seria porque unos compañeros míos estaban heridos”, declaró un hombre sobreviviente de este hecho.
Los habitantes de este caserio afirman que llegaron aproximadamente 40 hombres con pantalon camuflado, saco negro y pasamontañas, quienes se identificaron como la guerrila, sin embargo después se quitaron sus prendas y quedaron vestidos con uniformes del Ejército Nacional.
“Estamos hablando de una población que está en frontera, realmente la presencia de grupos armados en este territorio es frecuente. Nos preocupan las comunidades en este momento pues las afectaciones en el marco del conflicto armado pueden venir de cualquier sector. El Ejército se encuentra aún en el lugar de los hechos y eso genera un miedo a la población. No hay condiciones y no hay acompañamiento”, manifestó Fabián Darío Álvarez García, abogado de coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC.
Ante esta constante amenaza y revictimización estatal que sufren los pueblos indígenas que viven en esta zona fronteriza, queda la pregunta de ¿qué mecanismos de mediación le queda a esta población para evitar que se repitan masacres como la ocurrida en la vereda El Remanso?
“Esta es una región donde no hay gobernabilidad de las instituciones del Estado y necesitamos que este se pronuncie, que la Presidencia se pronuncie a favor de los seres humanos asesinados. Necesitamos la paz, el acuerdo de la paz tiene cumplimiento inmediato, vamos a insistir con las Naciones Unidas que por favor le diga algo a este Gobierno para que presentemos un informe de lo que pasó en esa masacre”, expresó Armando Wouriyu Valbuena, secretario técnico de IEANPE.
El representante de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos - IEANPE, también manifestó que desde los pueblos indígenas colombianos, exigen el retiro del Ministro de Defensa, quien - señala- siempre está involucrado en masacres de niños, campesinos e indígenas.
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Para cerrar este capítulo de #ElLunes en Mesa Capital, Santiago Rivas hace una reflexión sobre cómo este tipo de hechos siguen abriendo una brecha entre la población civil y la fuerza pública y no debería seguir siendo el paisaje de la historia del país.
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