La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo contra el Estado colombiano, en el que le ordena hacer una reforma que garantice la imparcialidad en las destituciones de funcionarios públicos, entre otras disposiciones. Fallo que fue el tema que estuvo en la mesa en este programa de #Dilemas con Alejandra Barrios.
La CIDH busca la transparencia en las decisiones sobre derechos políticos de un funcionario, de manera que la destitución de alcaldes, senadores, representantes, etc. Han de llevarse a cabo mediante un juez penal, y no por miembros de los organismos de control como la procuradora.
“Estos instrumentos buscan una aplicación más extensiva del derecho internacional. En el caso colombiano, el Artículo 93 de la Constitución hace parte del bloque de constitucionalidad”, explicó Julián González, coordinador de incidencia nacional de la CCJ.
El presidente de la república, Iván Duque, hace poco mandó un proyecto de reforma con carácter de urgencia a la Cámara de Representantes y al Senado, con el que busca tres cosas principalmente: primero, aumentar el espectro jurisdiccional de la Procuraduría; segundo, darle poderes a la Procuraduría para destituir funcionarios elegidos por voto popular; y tercero, que en procesos de destitución haya doble instancia.
“En el derecho constitucional los poderes de destituir a un funcionario electo democráticamente solo lo tienen los jueces penales, por eso genera ruido que en Colombia lo puedan hacer otro tipo de personas”, manifestó González.
Caso Gustavo Petro
Durante su Alcaldía, Gustavo Petro fue destituido de su cargo por el exprocurador Ordoñez. Posteriormente, la CIDH dio pasó a un fallo condenatorio al Estado y lo obligó a resarcir al exalcalde de Bogotá de manera económica y política.
Además de eso, le ordenó al Estado hacer un ajuste a su ordenamiento jurídico para evitar ese tipo de situaciones. Una orden que, al parecer, el Gobierno hace caso omiso al “presentar una reforma que busca todo lo contrario” a la voluntad de la Corte.
En ese sentido, Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el Partido Verde, dijo: “No puede haber un ente que restrinja de manera tan fuerte el derecho a la participación política (…) En vez de hacer la reforma que la Corte está pidiendo, que es achicar el tamaño de la Procuraduría, la entidad se disfraza de juez con nuevas funciones jurisdiccionales. Esto es un abierto desconocimiento de la jurisprudencia interamericana”.
¿Cuánto costaría esta reforma?
Para la representante del Partido verde, este proyecto de reforma es inasible en tiempos de pandemia, por ende, tiempos de austeridad social; en donde las urgencias de la agenda nacional deben estar enfocadas en políticas públicas, subsidios, fortalecimiento del sistema hospitalario, y no en una reforma como esta.
“Se ha hablado de 500 cargos. Nosotros hicimos un cálculo muy sencillo en donde llegamos a dar un estimado de 68.000 millones de pesos en costos adicionales burocráticos para hacer este tipo de reforma”, sostuvo Goebertus.
¿Por qué se busca este proyecto mediante ley ordinaria?
Según Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal: “Nosotros le hicimos ese mismo cuestionamiento a la procuradora (…) Creo yo que en realidad lo que quieren es no necesitar las mayorías calificadas para las leyes estatutarias y que no se les caiga el proyecto, en vista de que varios representantes estamos en contra”.
Asimismo, Losada analizó la vía que se escogió para esta reforma, como una forma de escapar del control constitucional que tendría un Proyecto de Ley Estatutario.
Constitucionalidad, costo burocrático, repercusiones políticas y consecuencias en la separación de poderes respecto a la reforma a la Procuraduría: fueron los temas que trató Alejandra Barrios en este capítulo de Mesa Capital.
Aquí puedes ver el programa completo de Dilemas el 10 de junio, sobre la reforma a la Procuraduría:
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