Cayó en las últimas horas una banda de trata de personas que explotaba sexualmente a migrantes venezolanas en Bogotá. La cadena delictiva se extendía a lo largo de tres departamentos de Colombia.
Un incremento de permisos especiales de permanencia llamó la atención de las autoridades. Migración Colombia, Fiscalía General y Policía Nacional, en 16 meses, rastrearon 50 códigos QR, codificados para pasar desapercibidos y que direccionaban a migrantes venezolanos a un portal web de Migración Colombia.
General Fernando Murillo, director de la Dijin, aclaró parte de la investigación, ”se establece que hay personas en Bogotá especialmente alias Álvaro y cinco personas más quienes falsificaban los documentos, pasaportes, visas, documentos de trabajo, registros civiles”.
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Luego del proceso y con falsas promesas de trabajo, las víctimas fueron a parar a la Guajira a un lugar denominado como "La mansión de la belleza" que tenía una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados en la que retenían a más de 20 mujeres.
Los servicios sexuales a los que eran obligadas no eran remunerados, supuestamente porque debían saldar las deudas.
Evelyn, una de las víctimas, relató, "es que por allá los hombres son muy pervertidos, les gusta mucho las niñas chiquitas".
“Una menor de edad de tan solo 16 años estaba en contra de su voluntad en este lugar y siendo utilizada como trabajadora sexual, gracias a esta operación se le restablecen los derechos como menor de edad y se pone a disposición del ICBF”, agregó el director de la Dijin.
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Diligencias de allanamiento en Bogotá, Cúcuta, Valledupar y la Guajira, dieron con la captura de siete personas, entre ellas, alias Chamo, un venezolano que era el líder de la estructura criminal, buscado en 196 países del mundo con notificación de la Interpol por delitos como trata de personas, entre otros.
En la operación se incautaron 5.000 folios con trámites de identificación, 80 cédulas de ciudadanía, 500 copias de registros civiles, 10 pasaportes y 109 sellos migratorios de países como Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Francia.
Los implicados deberán responder por los delitos de trata de personas, proxenetismo con menor de edad y falsedad ideológica en documento público entre otros.
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