La terminación de esta importante vía tendrá un retraso de hasta cinco años como consecuencia del escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, que acordó con el Gobierno poner fin al millonario contrato, dijo el miércoles un funcionario.

Un consorcio liderado por la firma brasileña tenía a cargo la construcción de la Ruta del Sol II, una autopista de doble carril de 528 kilómetros para comunicar el centro de Colombia con el litoral Caribe, un contrato de alrededor de 5 billones de pesos (unos 1.717 millones de dólares).

"El costo de la corrupción es muy grande (...) Una obra que debía terminarse este año se va a terminar muy probablemente hacia finales del 2021 o comienzos del 2022. Nos hicieron perder entre cuatro o cinco años", dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, a Caracol Radio.

La obra es importante para el comercio internacional de la cuarta economía de América Latina debido a que agilizará el transporte de materias primas y otras mercancías entre el centro del país y el litoral Caribe, en donde se encuentran puertos marítimos como los de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Andrade aseguró que el proyecto tiene un avance de alrededor de un 50 por ciento y que el Estado asumirá de inmediato las obras de construcción con un presupuesto de 206 millones de dólares hasta que se entregue a un nuevo concesionario, un proceso que posiblemente terminará el próximo año.

El funcionario anunció que con la reversión del contrato al Estado por parte del consorcio que lideraba Odebrecht, el gobierno colombiano asumirá el pago de los salarios de los obreros y de las cuentas de los proveedores.

En Colombia, la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas entre el 2009 y el 2014 abonando más de 11 millones de dólares en pagos irregulares, que resultaron en operaciones que generaron beneficios superiores a los 50 millones de dólares.

Un exviceministro, un exsenador y un contratista privado permanecen capturados en Colombia, acusados de haber recibido sobornos para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los contratos, en un escándalo que también salpicó las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, así como del candidato opositor Óscar Iván Zúluaga.

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