La suspensión del  Alcalde de Medellín Daniel Quintero y de Andrés Hurtado, Alcalde de Ibagué, por participación en política, puso otra vez sobre la mesa las decisiones de la Procuraduría y los entes de control en general.

¿Se puede confiar en los entes de control de este  gobierno?, ¿Está prevaricando la procuradora?, ¿Por qué la gente está hablando de acabar con la Procuraduría?, ¿Qué pasa con la institucionalidad de este país?  Estas son algunas preguntas que se hace Santiago Rivas y seguramente muchos colombianos.

Para comprender más sobre estas destituciones, en este nuevo capítulo de El Lunes, Santiago Rivas invitó a Eduardo Carreño, jurista colectivo José Alvear, a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a Andrés Camilo Rodríguez, quien es activista e investigador.

Antes de entrar a fondo en el tema de este nuevo capítulo, Santiago Rivas habló de los temas de la semana, que no serán tratados en este programa pero que merecen ser repasados.

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En su monólogo Rivas habló sobre las elecciones presidenciales que cada vez están más próximas y en torno a ellas la creciente violencia que no solo se vive en redes sociales, sino que está presente en todo el país, como el pasado para armado o el atentado que sufrió el senador por el Pacto Histórico Paulino Riascos, que fue atacado con su hijo de año y medio, o  la amenaza recibida por Federico Gutiérrez de parte de las águilas negras.

Sumado a esto el país contabiliza más de 70 líderes y lideresas sociales que fueron asesinados en los primeros cuatro meses de 2022.

De otro lado, el evento que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad organizó en Soacha, en donde los victimarios, ex miembros de las fuerzas militares rindieron testimonios frente a las madres y familiares víctimas de los mal llamados “Falsos Positivos”.

Suicidio Asistido, el arresto de  fotógrafo Luis Ángel en Barú, la  Masacre en Buffalo, Nueva York y otros temas nacionales e internacionales fueron repasados en este reciente monólogo.  

El papel de la Procuraduría

 Para comprender las implicaciones de esta decisión de la Procuraduría, Santiago Rivas le preguntó a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre las funciones de la Procuraduría General de la Nación.  

Es el control disciplinario de todos los funcionarios públicos que no tengan un fuero especial.

“Adelanta las investigaciones por faltas disciplinarias, por omisión de sus funciones de todos los funcionarios del estado. Y en las regiones donde hay contralorías municipales y departamentales, tiene lo que se llama un control preferente,  si ellos quieren agarran la competencia y se encargan de los procesos que hay contra los funcionarios regionales”, expresó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

De otro lado, Jaime Arrubla, explicó porque los funcionarios públicos como alcaldes, el presidente o el comandante de las Fuerzas Militares,  no pueden participar en la política electoral.

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“La Constitución Nacional de la República, expresamente señala que las Fuerzas Militares no son deliberantes (…), pero fuera de eso además todos los funcionarios públicos. Los únicos que pueden participar en política son los que están integrando las corporaciones como el Congreso, los Concejos y las Asambleas Departamentales”, afirmó  Jaime Arrubla.

De otro lado  Santiago Rivas le preguntó a Eduardo Carreño, jurista colectivo José Alvear sobre las repercusiones que puede traer para el estado la suspensión de los alcaldes de Medellín e Ibagué por parte de la procuradora  Margarita Cabello.

El jurista primero explicó el proceso de defensa al que tienen derecho los sancionados en el curso de la investigación, para que finalmente la Procuraduría tome una decisión.

“Decisión que es objeto de recursos: decisión y apelación, esto hasta donde se conoce públicamente no se ha hecho”, manifestó   Eduardo Carreño, jurista colectivo José Alvear.

Por otro lado se refirió a los fallos  de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana son “obligatorios para todas las autoridades judiciales de América,  que son parte del sistema OEA y que hacen parte del sistema de protección de derechos humanos”.

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También explicó la injerencia de la Procuraduría en estos casos. 

“Los cargos de elección popular no pueden ser objeto de sanción por la Procuraduría o ningún ente de carácter administrativo”, que estás decisiones se tienen que tomar por parte de los jueces”, afirmó Eduardo Carreño, jurista colectivo José Alvear.

El jurista habló de las implicaciones que este caso podría tener con base en la norma.

“Al tomar este tipo de decisiones contrarias al ordenamiento existente y al ordenamiento internacional, lo que se están cometiendo son delitos, a nuestro modo de ver, es decir, ahí para nosotros claramente se está prevaricando”, expresó el jurista.

Sin embargo, al parecer los alcaldes Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Andrés Hurtado, alcalde Ibagué, no serían los únicos que han participado en política electoral. 

“No nos debe sorprender lo que está sucediendo, Iván Duque lleva interviniendo en política y el gobierno, desde antes de las elecciones al congreso de la república. Entonces este es un hecho que lo que hace es intensificar esta disputa”, mencionó Andrés Camilo Rodríguez, activista e investigador. 

Rodríguez agregó que en estas circunstancias es clave el papel de la ciudadanía.  

“Lo que viene sucediendo en este gobierno en estos cuatro años, en este autoritarismo ascendente, es afectar la afectar la institucionalidad, afectar la democracia, es afectar los derechos, es afectar la división de poderes y alrededor de eso, simplemente  están es haciendo un conjunto de actuaciones, para tratar de  reposicionar y acomodarse de mejor manera a lo que se prevé una posible derrota o no, en primera  vuelta o quizás en segunda”, dijo Andrés Camilo Rodríguez.

Para conocer más al detalle sobre esta suspensión y las repercusiones a nivel institucional, como político, te invitamos a ver el programa completo en el siguiente enlace. Además, podrás ver la editorial de Santiago Rivas en El Lunes. 

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