La Secretaría de Gobierno, como medida de protección a las familias en condición de vulnerabilidad, durante la cuarentena obligatoria atiende las denuncias de desalojos que llegan a través de los diferentes canales de comunicación.
Hace unos días, el equipo de la Dirección de Gestión Policiva atendió una denuncia en la que se afirmaba que 25 personas serían desalojadas de un pagadiario en la localidad de Santa Fe. Gracias a una mediación y conciliación entre las partes, se evitó el desalojo de estas familias, teniendo en cuenta las medidas establecidas en el Decreto 093 de 2020.
Esta medida de evitar desalojos se realizó para evitar que las familias en situación de vulnerabilidad se quedaran sin techo durante la cuarentena y así poner su vida en riesgo.
Cabe aclarar que, de no lograrse un acuerdo, se procederá a utilizar una orden de policía que busca prohibir el desalojo e informar sobre las implicaciones del desacato de la medida, si finalmente no se cumple con dicha orden se impondrán las medidas correctivas que señala una multa general tipo 4, que consiste en el pago de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la participación de los infractores en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de acuerdo con el artículo 35 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Del mismo modo, los infractores podrían ir a prisión de cuatro (4) a ocho (8) años conforme a lo establecido en el artículo 368 del Código Penal debido a la violación de medida sanitaria adoptada por la autoridad competente.
La Secretaría de Gobierno ha recibido 68 denuncias y todas han sido solucionadas.
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