La Secretaría de Movilidad de Bogotá radicó la ampliación de la denuncia hecha en marzo de 2018 contra las plataformas Uber y Cabify, haciéndola extensiva también a Picap, por delitos de usurpación de funciones públicas.
“Tal como lo expresamos en la denuncia presentada en principio, la facultad de fijar tarifas para el servicio público está en cabeza de los alcaldes. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, NO ha delegado en ningún particular esta función”, señaló Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.
Asimismo reiteró que los controles que realizan las autoridades del Distrito contra la ilegalidad en el transporte de pasajeros van encaminados a cuidar la seguridad vial de los diferentes actores de la movilidad en la ciudad, toda vez que estas empresas no privilegian la vida de los bogotanos en las vías.
A esta denuncia se sumó la acción popular y la demanda instauradas por el Ministerio de Transporte contra Picap, por prestación ilegal de servicio público en vehículos de dos ruedas, argumentando además que la prestación de este servicio representa un inminente riesgo que compromete la vida de los usuarios.
Ya en marzo de 2018, el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo había interpuesto una denuncia contra los representantes legales de Uber Colombia, Cabify Colombia y Cabify Transportes, por el posible delito de usurpación y abuso de funciones públicas, por la conducta tipificada en el artículo 425 del Código Penal.
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