Santiago Rivas El Lunes

El tema central de #ElLunes en #MesaCapital es sobre el informe que dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron entre los años 2002 y 2008, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Y es que para iniciar el debate en torno a la problemática que embarga de dolor a las familias de más de 6402 personas, en #ElLunes se tocó el tema nominal del fenómeno orquestado por el Estado y que por años se ha llamado erróneamente ‘falsos positivos’, porque en sí, es en un eufemismo, “porque no se trata de ‘’positivos’’, sino personas asesinadas por agentes del Estado”.

Otro de los términos que se usa es el de ‘ejecuciones extrajudiciales’. ‘’El problema con este nombre es que pone los asesinatos fuera de la ley, cuando esto jamás debió ocurrir’’, señaló Santiago Rivas.

También se usa el de ‘homicidio a persona protegida’ y en esta terminología hay un problema de facto ¿quién está protegido y quién no? Dentro de los casos, también se registraron asesinatos a combatientes de guerrillas y grupos armados que, en estado de indefensión, estaban protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que lo considera una violación grave.

¿Cuáles son los datos de la Fiscalía y los datos de la JEP?

La Fiscalía General de la Nación tenía en sus informes que durante el periodo comprendido entre los años 1988 a 2014, en el país se cometieron 2.488 asesinatos a manos del Ejército. Por su parte, la JEP concluyó que solo entre el 2002 y 2008 hubo 6.402 casos que no se conocían.

Las mal denominadas ejecuciones extrajudiciales se dieron en 29 de los 32 departamentos del territorio colombiano. Antioquia fue la región en donde más casos se presentaron con un total del 25% de los asesinatos; Casanare, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila y Meta fueron los otros departamentos en los que más casos se presentaron, según el informe de la JEP.

Se llegó a estas cifras por medio de las declaraciones que entregaron las víctimas, los mismos victimarios y más de 282 organizaciones de sociedad civil que dieron a conocer sus bases de datos, pero se cree que este número puede ascender a 10.000.

 

¿Y los responsables?

La JEP aún no habla de sistematicidad en estos casos, pero se comenzará a buscar los responsables a nivel local, luego departamental, hasta llegar a los altos mandos a nivel nacional.

Sin lugar a duda, este informe generó una polémica en la opinión pública y también entre los altos mandos del Ejército; también el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre estos asesinatos de menores de edad, personas en situación de vulnerabilidad, en diferentes cadenas radiales.

 

Cabe señalar que al expresidente Uribe, la JEP no lo puede investigar, pero sí puede compulsar copias que quedan en la Comisión de la Verdad; esto puede activar las investigaciones en contra del exmandatario.

Pero no solo el exsenador se fue en contra de la JEP, también el actual general de las FF.MM., Eduardo Zapateiro, y la senadora Paloma Valencia criticaron este informe entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1362957684404805634?s=20

Por eso, en #ElLunes nos acompañó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y el representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Alberto Yepes, para explicar cómo se llegó a esta cifra de 6.042 asesinatos y por qué se cree que ascenderá a 10.000. Además, hablaron sobre las consecuencias que traen las reacciones de personas como el expresidente Uribe, el general Zapateiro o la senadora Paloma Valencia.

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