Agencia Anadolu

Al menos 15 organizaciones no gubernamentales de víctimas y defensoras de derechos humanos le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tome “medidas urgentes frente a la negativa del general (r) Mario Montoya de aportar verdad en la justicia transicional”.

El general en retiro fue comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre del 2008, y ha sido relacionado en varios informes allegados a la JEP donde se le vincula con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), conocidas como falsos positivos. Por esto, el mecanismo de justicia transicional ordenó su comparecencia.

Montoya empezó a rendir versión voluntaria este miércoles 12 de febrero tras ser convocado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas, a rendir dicha versión en el marco del caso 003, sobre “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” durante los días 12, 13 y 14 de febrero de 2020.

Mediante un comunicado suscrito por víctimas y organizaciones que hacen parte de la llamada Campaña por la Verdad, calificaron este primer día de versión voluntaria “como una burla para la justicia transicional, las víctimas y los defensores de derechos humanos”.

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Según informó la JEP en la víspera, “después de leer durante 40 minutos el texto que había preparado, el alto militar manifestó que guardaría silencio”. Pero, luego de ello, respondió por unas cinco horas las preguntas que los magistrados de la Sala.

Para las organizaciones firmantes, esto “contrasta con las enormes expectativas” de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual “tiene el deber de decir la verdad sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre los 2006 y 2008”, cuando comandó el Ejército.

No obstante, también piden que Montoya responda por otros hechos de la misma naturaleza denunciados cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe del Ejército Nacional.

“El mecanismo contemplado en la JEP, al que el general Mario Montoya Uribe se acogió, exige que para beneficiarse con rebajas de penas se deben satisfacer los derechos de las víctimas y colaborar efectivamente con el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos”, lamentan.

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De acuerdo a la nota, divulgada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), han pasado casi cuatro años desde que la Fiscalía anunciara que le imputaría cargos por al menos 10 casos de los falsos positivos, y año y medio desde que este general se acogiera a la JEP y firmara un compromiso de aporte a la verdad.

Además, en el comunicado detallan que existen al menos 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy “por quienes fueron ejecutores materiales y otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática”.

“En las versiones se han escuchado frases como “Necesitamos resultados, litros de sangre”, “La guerra en Colombia se mide en litros de sangre”, y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento”, expresan.

Las ONG subrayan que las 209 versiones voluntarias rendidas hasta el momento en el caso 003 han permitido identificar la existencia de patrones como la alianza con paramilitares para cometer los crímenes, la utilización de informantes, la construcción de una narrativa común para negar los hechos, el uso, en varias unidades militares del llamado “kit” de legalización (usado para dar apariencia de combate a las ejecuciones extrajudiciales y así uniformar y armar a las víctimas asesinadas), la alteración de órdenes de batallas y otros documentos oficiales, así como irregularidades en pagos de recompensas, además de las acciones para encubrir dichas prácticas criminales.

Por estos y otros motivos, para las víctimas y sus representantes “no tiene ningún sentido” que Montoya Uribe se acoja a un mecanismo de justicia transicional “sin ningún ánimo de contribuir a la verdad”.

Por ello, solicitan a la JEP “que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del Gr. (r) Montoya”.

“Es decir, la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP”, añaden.

Además, exigen a la Fiscalía General de la Nación continuar con las investigaciones que adelantan varias Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como por otros hechos como las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, en el desarrollo y posterior consolidación de la Operación Orión, los nexos con grupos paramilitares, entre otros.

La nota es firmada por las organizaciones Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia (Acooc); Asociación Minga; Cajar; Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB); Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp); Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); Corporación Jurídica Libertad (CJL); Corporación Jurídica Yira Castro; Grupo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia ‘Tejiendo Memorias’; Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha; y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Por: Agencia Anadolu