La Fundación Paz y Reconciliación, el Instituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción tomaron acciones legales con el fin de evitar que en las elecciones presidenciales se presenten anomalías como el 13 de marzo.
La alianza de veeduría electoral anunció que interpuso una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las anomalías en las votaciones y con el fin de evitar irregularidades en la elección a la Presidencia.
“Una tutela en donde recaudamos todas las pruebas y las vamos a compartir con ustedes para que se pueda instaurar por vía judicial una solicitud a los órganos de control para que operen eficientemente. Tomamos una segunda medida importante y es establecer una queja disciplinaria contra el registrador Alexander Vega ante la Procuraduría General de la Nación”, sostuvo Esteban Salazar, coordinador de democracia de Fundación Pares.
La decisión se tomó después de instaurar una decena de derechos de petición por las fallas presentadas en la jornada electoral sin un efecto aparente.
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“Para algunos son irregularidades inocentes, para otros es fraude electoral y que los que lo propician, lo organizan y luego lo realizan están ahí y nunca han sido retirados de la Registraduría”, afirmó León Valencia, director de la Fundación Pares.
Hacen énfasis en que el acceso al voto debe estar asegurado para la próxima jornada electoral.
“Por el contrario, pues se siguen dando estos mega contratos a privados sin ningún tipo de resultados y sin ningún respaldo que garantice que los ciudadanos puedan acceder efectivamente a su derecho al voto y a su inscripción”, dijo Nicolás Díaz Cruz, director del Instituto de Política Abierta.
Aseguran que han recolectado numerosas pruebas provenientes de entes garantes de la transparencia en el proceso electoral.
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“La Contraloría tendría que haber hecho un proceso preventivo; y en ese control preventivo, lo que dice la Contraloría General de la República es que esperará a que lleguemos a segunda vuelta y seguramente si se incendia el país, pues hasta ese momento van a operar”, afirmó Esteban Salazar, coordinador de democracia de la Fundación Pares.
Reafirmaron las irregularidades en 23.000 mesas del territorio nacional y actualmente evalúan acciones ante entidades internacionales.
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