Gracias al plan de retornos y reubicaciones entre la Alcaldía Peñalosa y la Gobernación de Cundinamarca, 106 familias víctimas del conflicto, provenientes de Cundinamarca que residen en la capital colombiana, retornarán a los municipios de La Palma y Viotá.
Durante el Comité Territorial de Justicia Transicional, realizado el 24 de julio del presente año, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR), presentó el plan de retornos y reubicaciones que ejecutará de forma articulada con la Gobernación de Cundinamarca y entidades nacionales, en un plazo no superior al año 2020.
“Hemos sido testigos del sufrimiento que han padecido cientos de familias provenientes de contextos rurales. Queremos implementar este proceso en todos los municipios de Cundinamarca, porque aunando esfuerzos permitimos que cientos de sueños se materialicen en realidades. En Bogotá apoyamos a quienes quieren quedarse, pero también trabajamos por quienes desean volver a sus territorios”, afirmó Gustavo Quintero, alto consejero para las Víctimas.
Además, afirmó que debido a la dinámica del conflicto armado interno, Bogotá ha sido una ciudad receptora, por este motivo el compromiso de la Alcaldía Mayor, es facilitar procesos de integración local, ya que el gran porcentaje de las familias que han llegado desplazadas han decidido hacer un nuevo proyecto de vida en la ciudad.
La ACDVPR, junto a la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de retorno o reubicación, ponen en marcha ejercicios denominados de ‘articulación horizontal’, anteponiendo el derecho al retorno frente a cualquier obstáculo, por ser tal derecho parte importante de la reparación integral. Debe resaltarse que la implementación del plan de retornos y reubicaciones en este proceso de articulación, en el que concurren entidades nacionales, departamentales, municipales y distritales, permitirá garantizar retornos con el efectivo cumplimiento de los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad.
En primer lugar, el proceso consistirá en la identificación de la población proveniente de de La Palma y Viotá que desean retornar, posteriormente realizará la verificación del concepto de seguridad en estos municipios. Además, se realizará el proceso de caracterización, que permitirá identificar la situación actual de cada una de las familias para la gestión de apoyos, que serán provistos junto a la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Así mismo, la particularización de necesidades ofrece a la vez, apoyos que varían entre kits de vivienda saludable, trabajo, seguridad alimentaria, entre otros. Además, la Gobernación de Cundinamarca revisará la oferta territorial en municipios receptores, cotejándolos con la caracterización de las familias, y en último momento, el alistamiento de la recepción de las familias en procura de una reparación integral.
Finalmente, la Alta Consejería para las Víctimas del Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios receptores, realizarán la entrega de apoyos y la concreción de estrategias socio productivas que garanticen la sostenibilidad del retorno o reubicación con relación a la oferta municipal. Un proceso que se replicaría en todos los municipios de Cundinamarca, en procura de permitir el retorno de estas familias.
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