Desde hoy queda vigente el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. 24 países de la región ya lo han firmado.
Con este acuerdo se protege el medio ambiente y la vida de defensores de los ecosistemas, con instrumentos de participación y acceso a la información y a la justicia.
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“Para América Latina que es una de las regiones más desiguales del mundo, con mayores indicios de conflictos socioambientales, el Acuerdo de Escazú responde a esta realidad y a estas necesidades y busca una inclusión y reivindicación de los derechos de la sociedad civil y de las poblaciones más vulnerables”, sostiene Alejandra Aguilar, coordinadora de justicia climática de la ONG Ambiente y Sociedad.
Para que dicho pacto operara se necesitaba la ratificación de mínimo 11 países. Colombia no lo ha logrado, aunque firmó el tratado en 2019.
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“La firma es el primer paso para demostrar la voluntad política de un Estado en adherirse a un tratado internacional”, dice Alejandra Aguilar.
Según ambientalistas, no ha sido posible que el Congreso colombiano lo ratifique por intereses que no han dejado que avance.
“Hay una incoherencia del Gobierno Nacional porque este apoya el Acuerdo de Escazú, pero, por otro lado, el Centro Democrático se ha empeñado en entorpecer el diálogo”, concluye la coordinadora de Ambiente y Sociedad.
Para que Colombia quede en este acuerdo, se deberán surtir los debates correspondientes en el Congreso de la República durante la próxima legislatura.
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