Se trata del proyecto urbanístico Aguaclara, el cual se tenía planeado construir en Facatativá en un predio que comprende 25 hectáreas; sin embargo, dichas obras fueron suspendidas por decisión de un juez, pues se trata de un área protegida por tratarse de suelo agrícola y encontrarse la microcuenca de Mancilla.
La ejecución de la obra se logró gracias un decreto que fue expedido en 2014 por el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, quien sin previa concertación y consulta dio vía libre a los dueños del predio ubicado en la zona de reserva la Guapucha y a la constructora Amarilo para urbanizar en un suelo rural, que además colinda con una fuente hídrica.
Por esta razón, el 27 de julio se cumplió la tercera audiencia de posible nulidad del decreto que dio vía libre a la construcción.
“Es un proyecto que se desarrolló urbanísticamente en un terreno no habilitado por el POT. Por otra parte, se ubica en una microcuenca, estas son espacio público y como las microcuencas son espacio público, no se pueden vender porque sería como vender una calle”, agregó Roberto Ángel, veedor municipal.
En las próximas semanas el juzgado primero de Facatativá deberá decidir el futuro del proyecto urbanístico, que para muchos en el municipio, sería el resultado de un decreto de volteo irregular de tierras.
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