En los patios de Madrid se encuentran cinco volquetas producto de la extinción de dominio que realizó la Fiscalía a un grupo de conductores, ellos no se explican por qué tomaron esta medida si no afectaron la movilidad.
El gremio de volqueteros de la ciudad se encuentra preocupado por la decisión de la Fiscalía de inmovilizar sus vehículos.
Alex Rubio, representante legal de la Asociación de Volqueteros de Cundinamarca, aclaró que “algo por lo que nos hemos caracterizado los volqueteros es que nunca hemos afectado a la comunidad, la movilidad en los puntos de concentración fue la prioridad además de no interrumpir el paso de vehículos de emergencia, ni suministro de primera necesidad, ni alimentos”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación afirma que tiene material audiovisual donde se evidencia que las volquetas estaban bloqueando la calle 80.
Por ahora el acuerdo entre la entidad y el gremio fue llevar los vehículos a los patios de Madrid mientras se realiza el proceso donde se compruebe si participaron o no en el bloqueo de vías.
Mientras tanto, algunos volqueteros han decidido guardar sus carros por temor a que sean inmovilizados, como ocurrió con cinco de sus compañeros que aseguran que la Policía de Tránsito no hizo un proceso transparente cuando los detuvo en las calles.
David Alexander Figueredo, propietario de volqueta, señaló, “a todos nos trajeron que por un número del chasis, número del motor o identificación del carro, nunca nos dijeron desde el principio qué era lo que realmente pasaba”.
Incluso, uno de ellos manifiesta que las autoridades habían reconocido el vehículo antes de llevarlo a la unidad de identificación técnica de automotores de la Dijin.
Los afectados reclaman por el abuso que dicen realiza la entidad, expropiándoles los vehículos que durante muchos años se han convertido en su herramienta de trabajo y fuente económica de sus hogares.
Elson Ochoa, volquetero, expresó, “de un momento a otro un trabajo de 18 años desaparece en horas, la Fiscalía dice usted ya no cuenta con esto”.
Según el gremio, los puestos de concentración fueron levantados el 5 de mayo, luego de firmar un acuerdo de voluntades con el Distrito y la Gobernación, al día siguiente, es decir el 6 de mayo, la Fiscalía anunció medidas cautelares con fines de extinción de dominio a los vehículos que obstruyeron vías y alteraron el orden público en el marco del paro nacional.
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