El proyecto que fue aprobado por el Congreso de la República, el pasado 30 de diciembre de 2016, bajo el mecanismo del ‘Fast Track’, ha sido criticado y elogiado por sectores políticos y ciudadanos, asegurando que es una puerta a la impunidad, mientras otros sostienen que es el camino a la reconciliación.
La Human Rights Watch se mostró preocupada a finales de 2016, sobre la Ley de Amnistía expresando que “el proyecto de ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; sólo excluyen explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de reclutamiento de menores”.
La Ley de Amnistía busca cobijar a los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y delitos conexos, exceptuando a aquellos que incurrieron en delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, delitos de sustracción de menores y reclutamiento de menores.
El presidente, Juan Manuel Santos, firmó la semana anterior un decreto para beneficiar a 3.252 guerrilleros de las Farc. Con esta nueva orden han sido cobijados 7.696 exguerrilleros con la amnistía sin indultos.
En la Pepa analizamos a profundidad la Ley de Amnistía para las Farc y el indulto a los guerrilleros.