La inscripción de 915.853 cédulas de ciudadanía en todo el país fue anulada por presunta trashumancia, según lo manifestó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría y la Fiscalía.
Los departamentos con más inscripción de cédulas de manera irregular fueron Antioquia, Atlántico, Santander, Tolima, Norte de Santander y Huila, según lo determinó en sala plena el Consejo Nacional Electoral.
Las autoridades indicaron que esta información se obtuvo luego de realizar el cruce de bases de datos con: ADRES, SISBEN, ANSPE, DPS, UARIV, empresas de telefonía móvil, cámaras de comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, jurados de votación y por medio de 43.000 visitas que realizaron comisiones instructoras del CNE para verificar la dirección reportada en el trámite de inscripción por cambio de puesto de votación.
"En caso de confirmarse la trashumancia la actuación será remitida a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la respectiva investigación penal y determine si se configuran los delitos de Inscripción irregular de cédulas y Falso testimonio", resaltaron las autoridades.
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Por su parte, Hernán Penagos Giraldo, presidente del CNE, señaló que “Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5.000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales.”
Cédulas anuladas por departamento:
¿Qué es la trashumancia?
La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.
Según el CNE, quien inscriban el documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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