La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que busca acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
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La JEP, que también juzgará y sancionará a militares acusados de cometer crímenes de guerra como desapariciones, masacres y genocidios en medio del conflicto armado, forma parte del acuerdo que permitió a más de 11.000 integrantes de las Farc, incluidos unos 7.000 combatientes, dejar las armas y conformar un partido político.
La ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechazó los cambios introducidos por la Corte Constitucional y el Congreso al nuevo sistema de justicia, incluidos la prohibición de juzgar a exfuncionarios del Estado a los que acusa de haber apoyado a los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
"Con este paso avanzamos hacia la paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos", escribió el presidente, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter.