La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva al expresidente Alejandro Toledo por su supuesta relación con los sobornos de la empresa brasilera Odebrecht.
Esta solicitud se ha presentado luego de que se le vinculara con sobornos de 20 millones de dólares por el favorecimiento de la Ineroceánica Sur, que une a Perú y Brasil. El primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional analizará la orden durante dos días para determinar si se genera una orden de captura internacional y una alerta a la Interpol, debido a que Toledo se encuentra en estos momentos fuera de Perú.
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A pesar de que el exjefe de Estado se encuentra fuera del país, el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, que está investigando el Lava-Jato, formalizó el proceso contra Toledo por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por actos de ocultamiento y tenencia.
Otros de los vinculados con el escándalo de Odebrecht en Perú son José Maiman, empresario peruano-israelí, en calidad de autor; Jorge Barata, exrepresentante legal de Odebrecht en Perú, como cómplice primario; y Miguel Navarro, exfuncionario del MTC. Toledo se enfrenta a una condena de 28 años de cárcel: ocho años por influencias y 20 por lavado de activos.
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El viceministro de Orden Interno de Perú, Rubén Vargas, ha manifestado a los medios peruanos que no habrá contemplación: “No nos importa si son expresidentes, exministros o el cargo que fuese. Tampoco tomamos en cuenta el apellido, ni los galones, ni la religión ¡Nada! Nuestro objetivo es hacer cumplir la orden judicial y ponerlo a derecho”.
Por su parte, la defensa de Toledo afirmó que el expresidente nunca ha recibido dinero por la licitación de obras en su gobierno e informó al Ministerio Público “Sí, vamos a recurrir a la prescripción, pues el plazo para la prescripción del delito de tráfico de influencias es 8 años. Si a mi cliente se le acusa de haber traficado influencias en el 2004, según dice la misma tesis fiscal, pues ya prescribió”, afirmó.
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