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La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la caza deportiva porque no existe una justificación válida que permita determinar que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional.
El Ministerio Público, además, sostuvo que las normas que actualmente reglamentan esta actividad no son coherentes con la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991, pues asesinar a un animal por deporte es casi como desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país.
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Para este órgano de control, la caza deportiva no reconoce el deber de proteger a los animales como seres que sienten. Además “este tipo de caza no se trata de una actividad justificada en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies”, agregó la entidad.
Por esa razón, “es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló la Procuraduría.
El Ministerio también dijo que el Estado se ha quedado corto en su reglamentación, ya que todavía existen normas como las demandadas que avalan el maltrato de los animales para la recreación de las personas.
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