Constituyente de Venezuela pide enjuiciar a quienes apoyaron sanciones de EEUU

La asamblea constituyente de Venezuela, un cuerpo plenipotenciario integrado por aliados del presidente Nicolás Maduro, solicitó el martes enjuiciar a quienes apoyaron las recientes sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano, en una nueva ofensiva contra la oposición.

A fines de la semana pasada, Washington impuso sanciones financieras contra Caracas en un esfuerzo por cortar los fondos que sostienen al Gobierno de Maduro, una medida que el mandatario dijo sólo busca "asfixiar" la economía de su país y que podría llevar a un incumplimiento de su deuda.

"(Decretamos) asumir el llamado del presidente Nicolás Maduro de iniciar, conjuntamente con los órganos del Estado competentes, un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano", dijo uno de los miembros del polémico cuerpo, Diosdado Cabello.

Minutos después, de pie y gritando vítores, la mayoría de los 545 constituyentes aprobó el decreto y su presidenta, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo que conminarán al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia a iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante las casi tres horas que duró el debate, los constituyentes acusaron a los políticos opositores de apoyar las sanciones y les sacaron en cara un comunicado emitido por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) donde celebran las sanciones del Gobierno de Donald Trump.

Desde principios de año, un grupo de parlamentarios opositores lanzó una campaña buscando que bancos de inversión e instituciones internacionales cesen sus negocios con Venezuela, asegurando que le estaban dando oxígeno a un gobierno "violador de los derechos humanos".

Venezuela atraviesa una crisis económica sin precedentes -con una inflación de tres dígitos, recesión y escasez de alimentos y medicinas- por la que la oposición responsabiliza a Maduro.

Sin embargo, el mandatario socialista acusa a sus adversarios de llevar a cabo una "guerra económica" con el fin de sembrar la miseria en su país para, finalmente, desbancarlo.

Las primeras medidas de la polémica Asamblea Constituyente fueron destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, acusándola de corrupción y asumir potestades del Parlamento, de mayoría opositora.