La Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía al gobierno nacional comprar acciones de empresas que estuvieran en riesgo durante la emergencia sanitaria.
La Corte Constitucional señaló que el decreto expedido por el gobierno, "no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción especifica".
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Se trata del decreto 811 del 2020, expedido el cuatro de junio pasado, que permitía el salvamento a empresas por medio de la compra de acciones y una posterior venta de la participación del estado.
Esta medida hacía parte del paquete que expidió el ministerio de hacienda para salvar las empresas que quedaran en insolvencia a raíz de la pandemia.
El argumento de los detractores del decreto era que con esta medida el Gobierno abría una puerta para privatizar activos de la Nación.
Entidades como la Procuraduría General de la Nación tenía igualmente reservas, aseguró en su momento que no se relacionaban con la pandemia las medidas que avalaban la enajenación de las acciones de la Nación inscritas en la bolsa de valores.
Las beneficiarias de este decreto eran empresas grandes, que tienen acciones y que están inscritas en la bolsa de valores.
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