La Sala Plena de la Corte Constitucional anuló la sentencia que ordenaba la consulta antitaurina en la capital del país.
El alto tribunal argumentó que este tema le corresponde al Congreso de la República, quien debe prohibir o aceptar los espectáculos taurinos en Colombia.
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En la consulta los bogotanos debían responder la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?".
Enrique Peñalosa, alcalde Mayor de Bogotá, pedía que la consulta se llevara a cabo el 11 de marzo de 2018, la misma fecha en que los colombianos asisten a las urnas para elegir senadores y miembros de la Cámara de Representantes.
Se estipulaba que los costos para la consulta antitaurina serían de 45.000 millones de pesos aproximadamente, a lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil insistió que no había recursos.
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