Argumentando que no habría pruebas de que Samuel Moreno haya presionado la cesión del contrato de la calle 26, la defensa del exalcalde demandó el fallo de la Procuraduría que lo inhabilita por 18 años para ejercer cargos públicos.
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado argumentando que el procurador del caso dejó vencer los términos para imponer una sanción ejemplar.
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