El país vive una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro, del movimiento Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este 19 de junio conoceremos quién llegará a la Casa de Nariño para ser el próximo jefe de Estado.
A continuación, te contamos cuáles son las propuestas clave de ambos candidatos en materia de justicia.
Reforma a la justicia
En sus planes de gobierno, ambos candidatos hacen mención a la necesidad de llevar a cabo una reforma a la justicia y a los organismos de control.
Gustavo Petro, por ejemplo, en el apartado ‘Democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción’ de su plan de gobierno, propone “restauraremos el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad”.
En cuanto a los organismos de control, Petro propone en su propuesta establece que “el mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno”.
Bajo esta perspectiva, el candidato por el Pacto Histórico plantea una posible “reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes”.
Mientras tanto, el candidato Rodolfo Hernández en su programa de gobierno, titulado 'De Colombia para Colombia', plantea la transformación del aparato judicial a través de una reforma constitucional. Para esto, propone:
- Aplicar juiciosamente la meritocracia como la mejor manera de proveer los cargos en la administración de justicia debe ser un propósito, pero dentro de un proceso liderado por la academia, en manos de las universidades que ocupan destacados lugares en los escalafones mundiales de calidad, con auditoría internacional, que establezca un sistema de evaluaciones e incluya exámenes y calificación de rendimiento para determinar las políticas de ascenso en el aparato judicial.
- Reformar la Fiscalía para que, en el caso del nombramiento del fiscal general, se incluya una revisión de las hojas de vida de los candidatos, con poder de veto en la Corte Suprema de Justicia que recibe la terna por parte del presidente, de manera que haya controles que limiten el poder nominal del Ejecutivo en las altas responsabilidades de la justicia.
- Reformar la Fiscalía para que, por ejemplo, en el caso del nombramiento del Fiscal General, se incluya una revisión de las hojas de vida de los candidatos, con poder de veto en la Corte Suprema de Justicia que recibe la terna por parte del presidente, de manera que haya controles que limiten el poder nominal del Ejecutivo en las altas responsabilidades de la justicia.
- Cero tolerancia con el vencimiento de términos como aliado de los bandidos y los corruptos. Hacer seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos, porque los procesos se dilatan por ese incumplimiento y la justicia tarda mucho en hacerse efectiva. La medida debe incluir sanciones a los jueces que no le den cumplimiento oportuno a los términos, que podrían ir desde su suspensión por seis meses, si es la primera vez, hasta la destitución, si se reitera el incumplimiento.
- Establecer unos tiempos de actuación procesal que obliguen tanto a jueces como a magistrados a fallar oportunamente, pues buena parte de la congestión judicial se debe a que tanto los unos como los otros dedican su tiempo a desarrollar labores personales diferentes a su función pública. La defensa de los jueces es el argumento de la congestión. Proponemos aumentar el número de jueces y fiscales, pero desde un mejoramiento de la calidad y especialización del derecho. Hay que ser más exigentes con la formación de los profesionales del derecho; existen muchas universidades que ofertan programas de derecho sin contar con procesos de acreditación.
- Disminuir el aplazamiento de las audiencias, para que el vencimiento de términos no sea el cómplice de la impunidad y no haya congestión en los juzgados.
- Despolitizar los nombramientos de altos dignatarios. Las universidades con los más altos reconocimientos académicos en los escalafones internacionales de calidad llevarán un sistema de evaluación y de calificación de rendimientos. Además, contará con auditoría internacional.
- Crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción, que hoy le cuesta al país 50 billones de pesos al año aproximadamente. Revisaremos las funciones y resultados de las contralorías.
- Reformar el Artículo 230 de la Constitución Política en el que se declare que los jueces estarán sometidos al imperio de la ley y al precedente judicial.
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Sistema carcelario
Por otra parte, las agendas de gobierno presentadas por los candidatos tienen como objetivo impactar el sistema carcelario del país.
Gustavo Petro propone que "la población privada de la libertad tendrá las condiciones y oportunidades de acceso a programas integrales de resocialización y de educación al interior de un sistema carcelario modernizado, ampliado y dignificado con enfoque de género".
Mientras tanto, Rodolfo Hernández plantea:
- Reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Esto significa relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar autosostenimiento y generación de bienestar. Igualmente, la cero tolerancia con la criminalidad aplicará también en la cárcel. No habrá trato preferencial, en especial si el privado de la libertad es un corrupto. Es importante mejorar las condiciones de las cárceles, pero también las condiciones de los funcionarios y empleados del Inpec.
- La ‘Ciudad Resocializadora’ será la apuesta para cambiar el concepto de las cárceles y se implementará su creación como un verdadero proceso de optimización de recursos y resocialización de los penados.
Fuerzas Militares
Este punto es abordado tanto por Petro como por Hernández. En primer lugar, el candidato por el Pacto Histórico propone avanzar hacia la "desmilitarización de la vida social", afirmando la prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares.
Para cumplir su objetivo, Petro propone una reforma progresiva de las FFAA en la cual:
- La reforma progresiva de las FFAA debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman. La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional.
- El servicio militar dejará de ser obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia; todos los miembros de las FFAA accederán a la educación superior y más y mejor formación en DDHH, DIH y en diversas áreas del conocimiento. Ajustaremos la política de ascensos por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender. La institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno.
- Se revisará la asignación y distribución del presupuesto, los procesos de contratación y los mecanismos de gastos reservados. Igualmente se fortalecerán los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional. Impulsaremos la eliminación del fuero penal militar. Asimismo, prevendremos y castigaremos con severidad la violencia de género al interior de las FFAA y, en general, contra las mujeres de nuestra sociedad.
- Una Policía civil para la vida y la seguridad humana. El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.
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En cuanto a lo que propone Hernández, se destaca su intención de asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas.
Para ello, el candidato plantea:
- Asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. Se revisará el sistema de ascenso para permitirle al uniformado raso aspirar a posiciones que hoy le son negadas en la carrera militar. Los sueldos y las prestaciones serán mejorados; para ello, hay que recortar los gastos ineficientes, por ejemplo, el que cubre a personal ejecutivo y a prestadores de servicio externo con algunos beneficios pensados para compensar la ardua labor del combatiente.
- Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes.
- Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes.
Justicia restaurativa
Por último, en materia de justicia restaurativa, el plan de gobierno de Petro propone:
- Protección y justicia restaurativa para la niñez y la adolescencia: Fortaleceremos las Defensorías de Familia, Comisarías de Familia e Inspectores, así como los mecanismos sociales y tecnológicos para que se puedan operar alertas tempranas al alcance de la niñez y brindar respuestas eficaces de atención a la niñez con derechos vulnerados. Igualmente impulsaremos la reforma del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente-SRPA para ampliar su cobertura, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque de restauración de derechos y de mejora de las capacidades de las autoridades judiciales.
- Protección y justicia restaurativa para la niñez y la adolescencia: Fortaleceremos las Defensorías de Familia, Comisarías de Familia e Inspectores, así como los mecanismos sociales y tecnológicos para que se puedan operar alertas tempranas al alcance de la niñez y brindar respuestas eficaces de atención a la niñez con derechos vulnerados. Igualmente impulsaremos la reforma del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente-SRPA para ampliar su cobertura, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque de restauración de derechos y de mejora de las capacidades de las autoridades judiciales.
- Ofreceremos servicios de justicia restaurativa en “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos. Proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes.