Por medio de una carta pública, ex altos funcionarios del Estado pidieron al Gobierno y a la Corte Suprema que no se permita que personas que sean o hayan sido funcionarios, asesores o contratistas del Gobierno Santos se puedan postular como candidatos a las cuatro vacantes que hay en Corte Constitucional, por lo que también hicieron un llamado al Senado de la República para que tenga en cuenta dicha solicitud al momento de ser elegidos.
“El imperio del Estado de Derecho y el objetivo trascendental de mantener a cada autoridad en su órbita propia, exige que quienes integran la Corte Constitucional estén en capacidad de garantizar al país su independencia de los poderes políticamente activos y su imparcialidad como máximo órgano de control del ordenamiento superior, encargado, además, de mantener la producción normativa en su marco constitucional de la manera más estricta”, dice la carta.
Por lo anterior, en la carta, que se dio a conocer en la últimas horas, se cuestiona cuál es la “seguridad que puede tener el país en las decisiones que tome una Corte integrada, así sea parcialmente, por Magistrados que deben evaluar la juridicidad de normas cuya emisión recomendaron y cuya elaboración misma es fruto de su aporte profesional”.
La misiva fue firmada por Carlos Lleras de la Fuente, Hernando Yepes Arcila, Carlos Esteban Jaramillo, Jesús Vallejo Mejía, María Claudia Rojas, Rubén Darío Lizarralde, Jorge Bustamante, Pedro Medellín, Virginia Garcés, Oscar Ortiz González, Lorena Garnica, Andrés Vernaza, Carlos Hugo Ramirez, Paola Tamay y María Paula Robayo.
El documento resalta que dichas apreciaciones no cuestionan la calidad de las personas y profesionales que fueron ternados por el presidente Juan Manuel Santos y añade que, en la medida en que estos candidatos existan, “se convierten en coartadas para una postulación y una elección políticamente incorrectas y jurídicamente tramposas, porque atentan en el inmediato futuro contra la validez y vigencia de nuestra institucionalidad democrática y amenazan de manera preocupante la autonomía e independencia del tribual que debe garantizar la integridad y supremacía de la Constitución”.
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