Expulsan 60 venezolanos por generar hechos de vandalismo y violencia en Bogota

Este lunes la Policía anunció que con apoyo de Migración Colombia serán expulsados 60 venezolanos, quienes se encontraron realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana durante las manifestaciones.

Según las autoridades, les habrían pagado para generar caos y agitar las protestas de los últimos días en Bogotá.

Esta operación inició desde la madrugada y se llevará a cabo en el aeropuerto militar de Catam.

Además, las autoridades indican que los extranjeros son reincidentes en delitos como agresión a servidor público, daños en TransMilenio en medio de las protestas y, además, agresiones a ciudadanos colombianos.

La Policía Nacional aseguró que ya tenía identificadas a estas personas y esta madrugada, a las 3:00 de la mañana, iniciaron las labores para sus recapturas.

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, indicó que la expulsión se hizo para de mantener el orden y la seguridad en el país, así como preservar la imagen de aquellos venezolanos que no han cometido crímenes y se encuentran trabajando en nuestro país.

“No vamos a permitir que ningún ciudadano extranjero afecte nuestra tranquilidad. Hemos respetado su participación dentro de las marchas. Les hemos tendido la mano a aquellos, que como el pueblo venezolano, lo han necesitado. Pero lo que no vamos a tolerar, es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades, generando, de paso, brotes de xenofobia, con estas acciones, ya que dañan el nombre de aquellos venezolanos vienen trabajando por un mejor país", afirmó Krüger Sarmiento.

La deportación de los ciudadanos venezolanos generó reacciones de la sociedad civil. Un grupo de abogados de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Guajira, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos y el Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe rechazaron a través de una carta la detención de uno de los ciudadanos venezolanos argumentando que era injusta.

El caso que generó la polémica fue el de Miguel Ángel Calderón, en situación migratoria regular y con esposa e hija colombianas. La Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, que asumió el caso, indicó que Calderón fue detenido luego de estar grabando una manifestación con su celular y duró más de 36 horas en el Centro de Traslado por Protección (CTP) de la localidad de Puente Aranda, “sin que le fuera notificado en ningún momento el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra”.