Las Farc denunciaron el martes un plan de una organización que está ofreciendo hasta un millón de dólares por cada uno de los máximos dirigentes del antiguo grupo guerrillero que sea asesinado y pidieron al Gobierno adoptar las medidas para evitar la campaña criminal.
El asesinato de uno o varios líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia podría poner en dificultades el acuerdo de paz que firmó el grupo con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
"Hemos tenido conocimiento de la existencia de una organización criminal con recursos, que ha ofrecido hasta un millón de dólares por cada persona perteneciente al secretariado de las FARC que sea asesinada", dijo a Caracol Radio el asesor jurídico del grupo, el abogado español Enrique Santiago, sin entregar más detalles.
El secretariado es el máximo órgano de dirección de las Farc conformado por nueve personas que ahora tienen el reto de convertir el antiguo grupo guerrillero que puso en aprietos al Estado colombiano en un partido político.
"Estos ofrecimientos vienen de personas que tienen la suficiente capacidad económica para ofrecer no un millón de dólares porque los miembros del secretariado son nueve, es decir hasta nueve millones de dólares", explicó Santiago quien reveló que siete excombatientes de las Farc han sido asesinados en hechos aislados desde el primero de abril.
De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno de Colombia frente a la denuncia, pero el propio presidente Juan Manuel Santos se comprometió en el pasado a brindar las condiciones de seguridad que garanticen la vida de los dirigentes de las Farc y su participación en política.
Alrededor de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda fundado en 1985, fueron asesinados en una campaña de exterminio de paramilitares de ultraderecha apoyados por algunos efectivos del ejército. Los dirigentes de las FARC temen que se produzca una situación similar.
Además del abandono de las armas de unos 7.000 combatientes, el acuerdo de paz incluye la entrega de tierras a campesinos pobres, desminado, lucha contra el narcotráfico e inversión social del Estado en educación, salud y carreteras para erradicar la pobreza.
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