Tomado de: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
65.000 hombres y mujeres integran la estrategia de la dirección ciudadana para proteger a las ciudades ante la presencia de grupos de primera línea. Se trata de medidas especiales para la atención de la manifestación pública y pacífica.
La movilización de grupos de primera línea en Bogotá y otros territorios representa un riesgo según las autoridades, hasta 70 millones de pesos ofrecen por aquellos que den información sobre posibles planes o actuaciones contrarias a la ley.
Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, anunció que “si se presentará hechos que afecten la seguridad y contra el código penal, inmediatamente se procederá a judicializar, capturar, incautar y dejará a disposición de la autoridad competente dependiendo los delitos cometidos”.
El trabajo articulado entre Policía judicial, Fiscalía General y la fuerza pública ha dado con 145 diligencias de allanamiento y 219 capturas por diferentes delitos cómo el porte de armas y estupefacientes que según las autoridades, la primera línea también habría promovido por lo que la vigilan de cerca.
“Se tienen ya instalados 82 puestos de prevención y control por parte de la Policía de Tránsito con las fuerzas militares que permite y garantiza el no ingresó de elementos ilegales a las diferentes ciudades como: Cali, Bogotá, Medellín y los departamento de: Cundinamarca y Antioquia”, informó Rodríguez.
Ante la alerta por el abuso policial también se implementaron medidas.
“El 100 % de nuestras unidades policiales recibió capacitación en Derechos Humanos en las últimas tres semanas por disposición del señor director general, se capacitó en uso de la fuerza y de igual manera en la utilización de armas de letalidad reducida y simultáneamente se llevó a cabo un entrenamiento para el 100 % en el Esmad y fuerza disponibles”, agregó el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
Las autoridades aseguran que tienen claro el paso a paso de intervención en manifestaciones. Se inicia con gestores de convivencia, seguido de fuerza disponible y si no funciona y hay afectación a la ciudadanía, bienes públicos y privados, hace despliegue del Esmad.
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