A las seis de la mañana de hoy comenzó la movilización de los miembros de las Farc hacia el Punto Transitorio de Normalización en Pondores.
La Fiscalía General de la Nación congeló bienes con fines de extinción de dominio por un valor cercano a los 282 mil millones de pesos en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta, Arauca y Sur de Bolívar, en predios de influencia de las Farc.
Este es el resultado del trabajo mancomunado de la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro, que permitió identificar bienes producto del narcotráfico, explotación ilícita de Tungsteno y Coltán, y actividades ilícitas desarrolladas por los frentes Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta, y el Frente Acacio Medina, estructura disidente de Jhon 40, todos de las Farc.
En Guainía se identificaron 6 inmuebles rurales y 4 sociedades avaluados en 6.000 millones de pesos dedicadas a la explotación ilegal de Tungsteno y Coltán en Vichada.
Según la investigación, esta actividad ilegal era legalizada a través de un título minero ubicado en Cumaribo (Vichada), cuando en realidad el Tungsteno y el Coltán eran extraídos desde una mina llamada Cerro Tigre ubicada en el parque natural de Puinawai, zona de reserva natural en Guainía.
A través de este mecanismo exportaron más de 350 toneladas de los minerales, avaluados en 5 millones de dólares en un periodo de 3 años.
Según la investigación, apoyada por la División de Asalto Aéreo y la Octava División del Ejército, la Armada Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Policía Judicial de Extinción de Dominio, estas actividades de extracción contaron con la participación de Frente Acacio Medina de las Farc, estructura disidente dirigida por alias Jhon 40.
Los dineros producto de estas actividades ilícitas eran blanqueados a través de la empresa minera American Mineral World S.A.S., que también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio.
Con el apoyo de la Segunda División del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Judicial de Extinción de Dominio se logró la identificación de 260.000 hectáreas de predios rurales ubicados en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo (Sur de Bolívar), que fueron aprovechados históricamente por el Frente 24 de las Farc, a través de la usurpación de la posesión de sus moradores y que fueron utilizados posteriormente para cultivos ilícitos.
Esta extensión de tierra corresponde a 4 predios baldíos avaluados en 260.000 millones de pesos, que fueron recuperados y entregados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para su administración.
La Dirección de Extinción del Derecho de Dominio con base en un trabajo realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro y el apoyo de la Policía Nacional, ubicó una serie de terrenos considerados como zonas de reserva natural en La Uribe y Mesetas (Meta) y que al parecer se encuentran presuntamente a nombre de testaferros del Frente 40 Jaime Rodríguez de las Farc.
En este caso la Fiscalía dispuso el inicio de un proceso de extinción de dominio de 11 predios urbanos y rurales, 13 vehículos y una sociedad por un valor de $4.000.000.000.oo (cuatro mil millones de pesos).
Según las indagaciones estos bienes, presuntamente de las Farc, eran utilizados como instrumentos de actividades ilegales, que han generado desplazamiento y despojo de familias en grandes territorios.
Con el apoyo de la Octava División del Ejército, la Fuerza Aérea (Grupo Aéreo del Casanare) y la investigación de la Policía Judicial de Extinción de Dominio, se identificaron plenamente bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia del Frente 10 del Bloque Oriental de las Farc, se trata de 17 predios ubicados en el área rural del municipio de Tame y Arauquita (Arauca) para un total de 1.473 hectáreas y que están valorados en 5 mil millones de pesos.
Según las investigaciones estos predios fueron utilizados por esa organización para la comisión de delitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado de personas de la región, y se encuentran bajo titularidad de personas vinculadas a la misma organización.
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