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HRW exige determinar si "chuzadas" en Colombia se realizaron con equipos entregados por EE. UU.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), exigió que se determine si las escuchas ilegales "chuzadas" en Colombia se realizaron con equipos donados por Estados Unidos.

Desde Bogotá, Vivanco manifestó: "Para mí, el aspecto más importante, aparte de las investigaciones locales, lo que más nos llama la atención y donde vamos a jugar un rol, es determinar si los equipos de inteligencia usados para interceptar las comunicaciones son de los donados por Estados Unidos".

Según una investigación periodística de la revista Semana, dichas interceptaciones ilegales se habrían realizado a través de equipos especiales del Ejército que permiten captar las llamadas de celulares y la instalación de un malware denominado "Hombre Invisible" en los dispositivos hackeados.

Entre las víctimas se encontraría Alejandro Santos, director de la revista Semana, Cristina Lombana y Carlos Reyes, magistrados de la Corte Suprema y el exgobernador del departamento de Nariño Camilo Romero, entre otros.

De acuerdo con la información del medio colombiano, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi).

El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría allanó las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal.

La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron el martes 14 de enero que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si Nicacio Martínez, exjefe del Ejército, conocía los hechos.

El pasado viernes, los senadores colombianos Roy Barreras e Iván Cepeda le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vigile las investigaciones que llevan a cabo por parte de la Fiscalía y la Procuraduría en relación a las recientes denuncias de escuchas ilegales.

Con información de la Agencia Anadolu

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