Los bienes corresponden a cuatro fincas cuyo verdadero propietario sería el entonces gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Estas propiedades fueron adquiridas a través de intermediarios, quienes habrían solicitado a los propietarios prestar su concurso para mantenerlos a su nombre.
La extensión total de los inmuebles ocupados es de 525 hectáreas y el valor que se habría pagado por ellos asciende a la suma de $4.100 millones.
Los bienes ocupados
Según los testimonios que obran dentro del proceso, personas allegadas al exgobernador habrían negociado estos inmuebles por conducto de intermediarios para posteriormente pagar el precio acordado entregando estas sumas de dinero en efectivo, así como comisiones igualmente canceladas en efectivo.
Las pruebas recaudadas dentro de este proceso serán compulsadas a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, para que investigue a las personas involucradas en estos hechos, como posibles responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrato y lavado de activos.
En los acuerdos con el exgobernador Lyons la Fiscalía dejó a salvo las acciones de extinción de dominio contra bienes de su propiedad. Esta es la primera fase de la operación de recuperación de activos ilícitos.
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