Conrado Perez (C), deputy of the Venezuelan coalition of opposition parties (MUD), carries a chicken while clashing with riot police during a protest outside the offices of the Venezuela's ombudsman in Caracas, Venezuela April 3, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
La oposición venezolana intentaba el lunes mantener la presión sobre la gestión del presidente Nicolás Maduro con pequeñas protestas de calle, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) canceló una reunión prevista para discutir sobre la crisis política en el país petrolero.
Un centenar de opositores marcharon por una autopista principal hasta la Defensoría del Pueblo en el centro de la capital, cargando gallinas vivas que dejaron en la puerta de la institución a la que acusaron de "cobarde".
Los diputados opositores habían solicitado al organismo, que junto a la Fiscalía y la Contraloría componen el poder ciudadano, condenar las dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la semana pasada, que anularon las funciones del Parlamento, controlado por la oposición.
La OEA emitió un comunicado celebrando que se superó la "controversia" que generaron las decisiones judiciales, que fueron criticadas en Venezuela por la Fiscal General, Luisa Ortega, por considerarlas violatorias de la constitución.
Un puñado de personas identificadas como simpatizantes del Gobierno arremetieron contra los opositores con botellas y piedras. El diputado opositor Juan Requesens, resultó herido en la cabeza, según testigos de Reuters y asambleístas.
El máximo tribunal revirtió el sábado parte de las sentencias, con las que también habían limitado la inmunidad de los parlamentarios, quienes desataron protestas y acusaciones internacionales de "dictadura" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Un portavoz de la OEA informó que la reunión del organismo que estaba prevista para el lunes, fue cancelada, sin ofrecer detalles sobre las razones de la medida. Bolivia, un aliado del presidente venezolano asumió el lunes la presidencia del consejo permanente, al que le tocaba debatir la crisis.
El gobierno de Costa Rica expresó su "más enérgica protesta" por la suspensión del encuentro y México también manifestó su rechazo, solicitando que la reunión se "realice con la urgencia que fue convocada".
La Asamblea Nacional alega que pese a la marcha atrás del Tribunal, seguirá bloqueada por el máximo tribunal que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en 2016 acusándola de "desacato".
En otro punto de la ciudad, parlamentarios arrojaron heno a la magistratura, el ente donde se coordinan las funciones de los juzgados, repitiendo la consigna: "El recule del TSJ es pura paja (mentira)".
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